¿Por qué el MEP sostiene que la convención no infla el presupuesto?
Sobre el supuesto pago de ¢28 mil millones más a funcionarios, director jurídico asegura que tema será estudiado por ente externo
En el Ministerio de Educación Pública defienden que la polémica convención colectiva que recién firmó no incrementa su presupuesto.
Esto porque justifican que la creación de plazas para 4 mil cocineras ya formaba parte del gasto para el Ministerio, pues lo pagaba a través de las Juntas de Educación. Además, destacan que con esta medida se da estabilidad a las cocineras que en un 30% se trata de jefas de hogares en condición de pobreza.
“Debemos tener presente que en la actualidad existen 4.500 plazas de cocineras escolares que se pagan con cargo a recursos públicos. Con la modificación del artículo 24 no viene a generar un cargo adicional en el presupuesto de la institución, lo único que se está haciendo es un cambio en la modalidad de contratación de estas servidoras públicas de tal manera que tengan una mayor estabilidad”, argumentó Carlos Rodríguez, asesor jurídico del Viceministerio Administrativo del MEP
En ese sentido, amplió que estas personas en muchas ocasiones viven con una gran incertidumbre sobre su futuro laboral y generación de ingresos porque las juntas de educación las contratan por el periodo de un año.
Aunque el MEP ve el cambio de contratación como una reivindicación de los derechos fundamentales para estas mujeres, al asumir el gasto tercerizado les brinda estatus de plazas en propiedad por lo que en caso de que algún día sus servicios dejan de ser necesarios, por la disminución de la población estudiantil, por ejemplo; no habrá forma de sacarlas de la planilla o habría que liquidarlas.
Esto genera una “bola de nieve” que crece en anualidades que aumentarán con la antigüedad. También hay que añadirle pluses como zonaje y el salario escolar.
Otro punto cuestionado de la Convención Colectiva que defiende el MEP es el tema del supuesto pago de más que se hizo a funcionarios por un error de sistema, tras entrar en vigencia la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, el cual se estimó en ₡28 mil millones.
En ese sentido, Rodríguez, adelantó que el artículo 38 de la Convención establece que debe haber un ente externo, ya sea la Procuraduría, Mideplan u otra institución, que dé el criterio si son sumas que se pagaron de más.
De esta manera si los recursos fueron pagados de más la administración tendrá que individualizar cuál es el monto girado de más a cada funcionario para aplicar la normativa interna y recuperar esos montos pagados de más.
En el caso de los incentivos de menor desarrollo y el didáctico, con la convención buscan convertirlo en un monto fijo para que sea congruente con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Proyecto de Ley del Empleo Público que procura eliminar incentivos para llegar a un salario único, sin componentes porcentuales que crezcan exponencialmente.
“Su nueva forma de regulación no generará aumento en el presupuesto público, además el MEP aplica la regla fiscal que no permite incrementos adicionales en remuneraciones durante los próximos dos años”, afirma el MEP.