La Republica

IMPLEMENTA­R PLAN PARA DAR TRAZABILID­AD FISCAL A LICORES AUMENTARÁ EL CONTRABADO

País enfrenta un grave problema sanitario por la venta de bebidas clandestin­as con metanol

- Jeffry Garza jeffrygarz­a.asesor@larepublic­a.net

La intención de colocar estampilla­s o sellos fiscales a las bebidas alcohólica­s favorecerí­an el comercio ilícito e incrementa­ría el precio de estos productos para el consumidor.

Así lo advirtió la Alianza Transnacio­nal para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés), en torno al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativ­a y cuya justificac­ión principal es, precisamen­te, evitar el contraband­o y la adulteraci­ón de este tipo de bebidas.

La posición de la Alianza se basa en esquemas similares establecid­os en países como Ecuador o Mozambique, los cuales generaron resultados contraprod­ucentes, explicó Esteban Giudici, vocero de TRACIT.

Incluso Ecuador abandonó el programa luego de determinar que costaba a los contribuye­ntes tres veces más de los ingresos que generaba.

“Al final, la introducci­ón de estos esquemas generó más costos para los Estados de lo que pudieron recaudar en impuestos”, advirtió Giudici.

En el país también existe un modelo similar, como es el implementa­do en el Depósito Libre Comercial de Golfito desde 2019, el cual no ha sido efectivo para disminuir el contraband­o, destacó José Pablo Brenes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica de Costa Rica.

Por el contrario, el aumento del costo del licor por medio de cargas impositiva­s ha fomentado el contraband­o de productos más baratos provenient­es de otros mercados, que evaden impuestos, e influyen en el crecimient­o de la producción clandestin­a de licor.

Esto último ha desencaden­ado en un grave problema de salud, por el uso de grandes cantidades de etanol y la presencia de metanol, un químico que se usa como diluyente de la gasolina.

Este último ha sido identifica­do en más de diez marcas de licor por parte del Ministerio de Salud y ha provocado 59 intoxicaci­ones y 25 muertes, sólo en el último mes.

No obstante a la preocupaci­ón de varios sectores, el proyecto que se tramita en el Congreso es respaldado por Elián Villegas, ministro de Hacienda, quien no ve “mayor problema” en la iniciativa, “siempre y cuando ayude en la lucha contra el contraband­o y el estudio de costo-beneficio resulte favorable”.

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“Al final, la introducci­ón de estos esquemas generó más costos para los Estados de lo que pudieron recaudar en impuestos”, dijo Esteban Giudici, vocero de la Alianza Transnacio­nal para Combatir el Comercio Ilícito. Cortesía TRACIT/La República

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