Gravar las zonas francas golpeó la inversión en otros países latinoamericanos
Cinde, Asociación de Zonas Francas y municipios de Occidente se oponen
Guatemala y Puerto Rico sufrieron la salida de empresas
El cambio de las condiciones de exoneración que proponen realizar a las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas la Universidad Nacional, economistas y grupos sindicales para aumentar la recaudación, resultó ser más negativo que positivo en algunos países donde se legisló en ese sentido.
Los ejemplos más llamativos se dieron en Guatemala y Puerto Rico, donde el cambio de los términos ahuyentó a las empresas que operaban bajo ese régimen y golpeó el empleo.
En el caso del país centroamericano, se reporta la pérdida de unas 120 empresas que trabajaban bajo ese modelo, como resultado de la aprobación de una ley en 2016 que aumentó las prohibiciones, los trámites y los requisitos de operación a las multinacionales.
La legislación guatemalteca limitó la operación de 43 sectores bajo el sistema de zona franca, entre los que destacan algunos con un gran auge como el farmacéutico, cosmético, plástico y maquinaria, por lo que de querer seguir operando en ese país debían hacerlo bajo otro modelo con menos beneficios.
Acusando inseguridad jurídica, muchas empresas paralizaron sus inversiones, explicó René Castañeda, presidente de la Asociación de Zonas Francas Privadas, a El Periódico de Guatemala.
Ahora, se está valorando dar marcha atrás y reformar algunos artículos de la ley dentro de las acciones para reactivar la economía y generar el empleo perdido por la pandemia.
Por otra parte, el final de la exención del impuesto corporativo en Puerto Rico en 2006, conocido como “Sección 936”, repercutió en la pérdida del 40% del empleo en manufactura entre 2008 y 2018.
Esto porque al someterlas al pago de la renta corporativa mundial, la isla se volvió poco atractiva para las subsidiarias puertorriqueñas de firmas estadounidenses.
El desempleo en Puerto Rico ronda el 8% y las ganancias semanales de sus habitantes son en promedio más bajas que las de cualquier otro ciudadano estadounidense, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales.
“Países muy cercanos han sufrido las consecuencias negativas de cambiar las condiciones de zonas francas y debería de servirnos de ejemplo. Vemos como Panamá y Colombia más bien han ido incorporando excepciones recientemente, ¿por qué apoyar un pensamiento contracorriente?”, dijo Eric Scharf, presidente de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
A la propuesta multisectorial también se opone la Asociación de Zonas Francas, argumentando que “resta credibilidad y hasta se pone en entredicho la confianza que tengan inversionistas internacionales de arribar a nuestro país”.
Igualmente, esta semana once alcaldes de Alajuela suscribieron un acuerdo en el que oponen a que se cargue a las zonas francas, alegando que eso alejaría la inversión y daría al traste la inversión realizada para tratar de atraerlas.