Acuerdo de Escazú atenta contra la seguridad jurídica, advierten empresarios
Gobierno respalda el tratado y espera que diputados lo ratifiquen pronto
Hace tiempo no se mostraba un rechazo tan generalizado del sector productivo hacia un tratado internacional como el que ha provocado el Acuerdo de Escazú.
Aunque su principal misión es resguardar los derechos de las personas defensoras del ambiente, en el fondo es una amenaza para la economía y la legislación nacional, advierten los empresarios. ¿Por qué?
El argumento principal es que atenta contra la seguridad jurídica, introduciendo conceptos legales que podrían paralizar inversiones si se presume que estas dañan el ambiente.
Por ejemplo, se invierte la carga de la prueba, es decir, si alguien es acusado de una falta ambiental debe probar que no está haciendo el daño.
“De esta manera, el acusador simplemente afirma algo y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia”, cuestionó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
Otro aspecto que consideran inconveniente es el surgimiento de nuevas trabas burocráticas producto de una mayor participación ciudadana en los procesos de tomas de decisiones.
El Acuerdo habilitaría un espacio para que los ciudadanos exijan acciones gubernamentales ante la presunción de un daño ambiental, sin respaldo técnico o científico, paralizando proyectos, alerta el empresariado.
Asimismo, en caso de una actuación u omisión del Estado que no satisfaga a un “defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales”, puede convertirse en un litigio internacional donde los órganos jurisdiccionales del país carecen de competencia.
En este escenario, Costa Rica estará sujeta a una autoridad internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decidirá sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo sobre el país.
Que se exceda la base normativa es el mayor temor del sector productivo, pues defienden que el país ya cuenta con suficiente legislación ambiental y constitucional para garantizar estos derechos y la participación de todos los actores en la toma de decisiones, principalmente en los temas ambientales y de desarrollo sostenible.
Las cámaras de Industrias, de la Industria Alimentaria, de la Industria del Plástico, de la Construcción, de Turismo y la de Consultores Arquitectura e Ingeniería son las principales opositoras al tratado.
También lo rechazan el Colegio de Geólogos, la Corporación Ganadera Nacional, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio y la Unión de Cámaras del Sector Privado.
No obstante, el Acuerdo tiene el apoyo del Gobierno y el presidente Carlos Alvarado tiene la esperanza de que los diputados lo voten de forma positiva para que Costa Rica lo ratifique, ya que entró en vigor el pasado 22 de abril.
Hasta la fecha lo han ratificado 12 de los 24 países que lo firmaron, lo que denota una clara división de criterios con respecto a su contenido.
El Acuerdo de Escazú adoptó su nombre en Costa Rica, en alusión a la ciudad donde fue firmado en 2018.