“Nicaragua sufre un deterioro sistemático de su institucionalidad”: Daniel López, relacionista internacional
Hoy día se evidencia un menoscabo a todos los principios generales de derecho establecidos en convenciones internacionales
La crisis social y política nicaragüense se agudizó con el impacto de la pandemia por la Covid-19 en su economía.
La esperanza de la sociedad era resolver esos problemas con un cambio de timón en las elecciones presidenciales de noviembre, pero esta posibilidad se ve truncada por la cacería contra opositores políticos y periodistas por parte del gobierno, lo que reprime cualquier oportunidad de cambio.
No solo se han detenido a los candidatos contrarios al gobierno de la pareja Ortega-Murillo, en una estrategia para limpiar el camino de cara a su reelección, sino que además se han prohibido las protestas y descalificado a los partidos políticos.
Esta situación ha generado la condena internacional contra la represión política y social y el desconocimiento del proceso electoral por parte de algunos países.
Sobre la crisis que enfrenta el país vecino y el futuro del proceso electoral, La República conversó con Daniel López, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la ULatina.
¿Qué está pasando realmente en Nicaragua?
La situación nicaragüense es producto de un deterioro sistemático de la institucionalidad. Si bien en los años noventa hubo avances significativos, este deterioro que se genera a razón de lacerar uno de los principios generales de la democracia; la alternabilidad, y con ello la fehaciencia de sus funciones, pues la idoneidad de las autoridades se convierte en clientelismo partidario y por ende el control político entre partidos se desvanece.
¿La diplomacia puede hacer algo eficaz para buscar una salida?
La diplomacia es un instrumento por el que los intereses de un Estado son ejecutados más allá de sus fronteras por lo que este instrumento no debe sobrepasar aquellos temas acordados por las partes interesadas.
En el caso específico con las acciones vivenciadas en Nicaragua, se evidencia un menoscabo a todos los principios generales de derecho establecidos en convenciones internacionales sobre derechos procesales, derechos humanos y doctrinas referentes al reconocimiento entre estados.
No hay medidas efectivas en el quehacer internacional, todas implicarían afección a la sociedad civil que ya ha estado bastante golpeada en la historia.
¿A qué se le puede atribuir esta escalada de represión?
La escalada de represión es el resultado de sumar inalternancia política, manipulación institucional y modificaciones legales parcializadas que desencadenan un claro intento por desestructurar el debate político y hasta ideológico. Así se desmantela un segundo principio general de una democracia; el pluralismo.
Ya con dos principios democráticos rotos, estamos ante una forma de gobierno dictatorial.
¿Hay posibilidades reales de una reelección de Daniel Ortega?
Si las hubiese, el ojo político mundial, organizaciones como la OEA y países como Estados Unidos no estarían recurriendo a tales acciones en pleno proceso electoral. Las acusaciones a opositores y las medidas tomadas recién, si fuesen a derecho, habrían acontecido desde el primer periodo de gobierno orteguista y afirmar que hasta ahora se recabaron pruebas, evidencia que ni el poder judicial ni la prensa tienen la autonomía necesaria para una real democracia. ¿Cuál es su opinión sobre la Ley 1055, de defensa de los derechos del pueblo?
A como está redactado el instrumento se cierra todo portillo para el debate político, libertad expresión y prensa. Si bien no es exclusivo de izquierdas, si se ha evidenciado que es la dirección que toma en el discurso del actual gobierno nicaragüense. La realidad revela una desigualdad no de clases, pero sí entre partidarios políticos.
Esta ley señala que “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten actos terroristas… aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular...”.