¿Protección del ambiente o más trabas al desarrollo? Plazo para aprobar Acuerdo de Escazú vence el lunes
País pone en riesgo imagen de defensor de los recursos naturales, según ambientalistas
Costa Rica ya cuenta con una legislación robusta para proteger el medio ambiente, por lo que más leyes complicarían la reactivación económica
Acasi dos años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, Costa Rica está a punto de darle la espalda al compromiso ambiental internacional que se firmó en suelo tico y que busca la protección del medio ambiente y los derechos de los defensores del planeta.
El próximo lunes 30 de enero vence el plazo para que la Asamblea Legislativa ratifique el tratado.
Sin embargo, si por la víspera se saca el día, Costa Rica pasaría por la vergüenza de no aprobar el acuerdo internacional en medio de reclamos por la protección del ambiente por parte los ecologistas y de advertencias sobre más trabas al desarrollo por parte de los empresarios, legisladores y el gobierno.
Los diputados, salvo el Frente Amplio, se oponen a aprobar el acuerdo que ya fue validado por la mitad de los 24 países que le dieron vida en Escazú en 2018.
Asimismo, el gobierno de Rodrigo Chaves y el sector empresarial han manifestado que no tienen interés de apoyar el Acuerdo de Escazú, asegurando que el país ya tiene una legislación robusta en temas ambientales y que se requiere mejorar el clima de negocios para generar más empleo.
El presidente y Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, han sido enfáticos que la propuesta puede trabar los proyectos de inversión en Costa Rica.
“No nos interesa promoverlo, pero creo no hay ambiente del todo en la Asamblea Legislativa, que yo sepa no hay ambiente. Las razones son las mismas, mucha gente siente que por ahora más bien hay mucha legislación, muy complicada, tal vez cuando el Sinac esté más reformado, pero por ahora no lo estamos promoviendo”, dijo Tattenbach tras la consulta de LA REPÚBLICA.
Términos imprecisos, falta de claridad en el acceso a la información ambiental, dar reconocimiento a personas o grupos de fuera del país para oponerse a las inversiones, posible pérdida de soberanía nacional y eventuales sanciones económicas internacionales, son los puntos que preocupan a la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Y es que con la intención de mantener viva la propuesta, el Frente Amplio presentaría una moción para aplazar su vencimiento, con la finalidad de seguir discutiendo por el fondo el acuerdo regional y posteriormente votar la ratificación.
“Es un Acuerdo que ya ha sido aprobado por varios países en América Latina, Costa Rica históricamente ha estado a la vanguardia en la materia de defensa ambiental, no puede ser posible que le demos esa señal al resto del mundo, donde Costa Rica no vamos a aprobar un acuerdo que básicamente lo que viene es a regular la participación democrática de la gente en materia de asuntos ambientales, el acceso a justicia en materia ambiental y también la defensa de las personas que hacen activismo en defensa del ecosistema”, dijo Jonathan Acuña, jefe legislativo del Frente Amplio.
Mucho mito se ha creado alrededor del Acuerdo por parte del sector empresarial, es lo que denuncian los ambientalistas, quienes aseguran que la no ratificación de la iniciativa afectaría la imagen internacional del país de ser un referente ambiental.
“Es lamentable que el país se prive de una política pública por escuchar las mentiras del sector empresarial. No ratificar el Acuerdo de Escazú sería una vergüenza para el país, de un país que dice tener una política verde y con el paso de los años se ha demostrado que sus representantes, en este caso el gobierno lo que hace es salir a nivel internacional a decir cosas que en la práctica del territorio nacional no se aplican del todo”, dijo Henry Picado, vocero de Fecon.
Costa Rica iría en contra de lo que predica en cumbres ambientales y foros internacionales si decide archivar definitivamente el acuerdo regional, según el ambientalista.
Para ampliar el plazo cuatrienal y evitar que el proyecto sea archivado se deberá presentar una moción que deberá tener el apoyo de al menos 29 legisladores, en caso contrario el Acuerdo de Escazú no sería ratificado por Costa Rica.