DETIENEN A CINCO PERSONAS EN UPALA, INCLUIDO UN POLICÍA
y su hija dirigían en Upala una red de explotación sexual en la cual las víctimas eran nicaragüenses que llegaban a Costa Rica engañadas con que trabajarían como saloneras.
Así lo confirmó Esteban Obando, subdirector de la policía de Migración, luego de que este viernes en la noche realizaran un allanamiento junto a la fiscalía, en el bar El Pino, en Santa Clara de Upala.
La madre y la hija son de apellidos Martínez Laínez y Murillo Martínez y junto a ellas fueron detenidas otras tres personas de apellidos Pérez Noguera, Barrios Álvarez y Montoya Campos, este último es policía.
Todos figuran como sospecho- sos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
A la red le seguían los pasos desde hacía seis meses, pero hasta ahora las autoridades consiguieron evidencias para vincularla con el delito.
Las autoridades afirmaron que la mujer de apellido Martínez era quien administraba el bar, mientrasquesu hija se encargabade reclutar a las mujeres con el engaño de una oferta laboral para atender el bar.
“Cuando llegaban les quitaban el pasaporte y dos de los hombres las amenazaban con armas de fuego si intentaban escapar”, explicó Obando.
Los hombres también se encargaban de la custodia de las mujeres y llevaban el control del tiempo que duraban con los clientes.
Entre las funciones de Barrios estaba ocultar a las mujeres en zonas boscosas cuando había operativos policiales porque ellas no tenían documentos que les permitieran estar en el país.
En el bar rescataron a seis mujeres nicaragüenses entre las cuales había una menor de edad. A todas las mantenían en pésimas condiciones.
Las víctimas eran obligadas a mantener actividades sexuales con los clientes, la red cobraba ¢13 mil si la actividad se realizaba dentro del establecimiento y ¢20 mil si el servicio era afuera.
Para el allanamiento fue necesario contar con psicólogos, personal del PANI y de la secretaría técnica contra la trata de personas para ayudar y proteger a las mujeres rescatadas.
Las autoridades afirmaron que esta situación se agrava debido a que entre las afectadas estaba una menor de edad. Por eso la pena a la que se exponen los sospechosos va de los 8 años hasta los 16 años de prisión.