Fiscalía quiere encierro
La Fiscalía General apeló la decisión del Juzgado Penal de Hacienda, que dejó libres con medidas a los seis empleados del Banco Popular involucrados en el cementazo.
Estas personas fueron detenidos el miércoles 14 de marzo y quedaron en libertad este viernes en la noche.
Un juez les impuso como medidas cautelares firmar una vez al mes y no podrán salir del país en los próximos seis meses.
El MinisterioPúblico dijo en su cuenta de twitter que considera que los sospechosos deben permanecer en prisión preventiva con el fin de mantenerlos apegados al proceso de investigación.
“El equipo de fiscales a cargo de la causa considera que existen peligros procesales (de fuga y obstaculización) que hacen necesaria la permanencia de los imputados en prisión”, dijeron mediante un co- municado de prensa.
Los investigados son un analista de crédito del Banco de apellido Bogantes Brenes; un ejecutivo de Negocios Corporativos de la entidad identificado con los apellidos Gómez Barrantes; el director de Banca Empresarial, de apellidos Alpízar Hidalgo y el jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, de apellido Delgado.
En la lista están también dos funcionarios más de apellidos Rojas Segura y Cortez Zúñiga, gerente general y gerente financiero de Sinocem, respectivamente.
Sinocem es la empresa que presidía Juan Carlos Bolaños.
Crédito indebido. Todos ellos son investigados por un crédito irregular otorgado por el Banco Popular al empresario de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República los empleados del Popular también vendían cemento por Internet y con un teléfono del banco.
El empresario Juan Carlos Bolaños figura como imputado en esta causa penal, por lo que en las próximas semanas será llevado a la Fiscalía para que rinda su declaración por estos hechos.
Lafiscala general de laRepública, Emilia Navas Aparicio, explicó que el 26 de abril del 2017, el Banco Popular aprobó un refinanciamiento por un monto aproximado a los $4,5 millones, por el plazo de 15 años.
Se lo dieron mientras el empresario estaba en mora con un préstamo del 2015 por lo que no debieron otorgarle el refinanciamiento.