Secuestran compus de la Corte
CEMENTAZO SIGUE
La broncaque se armó en la Corte por la desestimación de una causa relacionada con el cementazo está lejos de terminar, debido a que la mañana de este jueves la Fiscalía General realizó una diligencia para revisar las computadoras usadas por dos exmagistrados y dos magistrados involucrados con el cementazo.
Desde las 8:30 a. m. de este jueves el Ministerio Público dirigió el secuestro de la información del equipo de cómputo usado por el expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, la exmagistrada Doris Arias, el magistrado Jesús Ramírez (suspendido) y el de la magistrada suplente María Elena Gómez.
“La diligencia consiste en extraer y respaldar la información de cuatro computadoras de funcionarios y exfuncionarios de la Sala de Casación Penal”, dijo Emilia Navas, fiscal general.
Navas informó que para llevar a cabo esta labor solicitaron el aval de los magistrados de la Sala Tercera, los cuales dieron el visto bueno para que les sacaran toda la información necesaria a las cuatro compus.
Según el Ministerio Público, el fin de este trámite, que se hizo con ayuda de la Sección de Delitos Informáticos del OIJ, es incorporar todos los datos útiles al expediente que se lleva por la desestimación que hicieron estos cuatro funcionarios a favor de los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, a quienes se les vinculaba con el caso del cemento chino.
de Cot, de Oreamuno de Cartago, están chivísimas porque dos ladrones quebraron un vitral de la iglesia de San Antonio de Padua para meterse a robar dos alcancías con la platica de las ofrendas.
El sacerdote Adrián Calvo alertó al OIJ y a la Fuerza Pública la mañana de este jueves.
Los desalmados entraron por la ventana, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Los maleantes llegaron hasta las alcancías de los devotos de San Antonio de Padua.
En esos chanchitos la gente echa platica para que se enciendan unas velitas.
Los hampones empezaron a vaciar las alcancías en las afueras de la iglesia y se calcula que tendrían unos ¢20.000.
Edward Monestel, subdirector regional de la Fuerza Pública en Cartago, manifestó que hicie-