Carrera contra el tiempo en Justicia
Es una violación a los derechos humanos tener esas personas en hacinamiento y en media de pandemia es aún más grave”, Arcelio Hernández, Abogado
A raíz de los rudos efectos que la pandemia podría tener en la economía de muchos hombres que deben pagar pensión alimentaria, el abogado Arcelio Hernández presentó el 20 de marzo tres recursos de amparo para ayudar a tres clientes.
Lo hizo movido por la preocupación manifestada por esos hombres y otros más que le preguntaban si los tribunales habían hecho ajustes de algún tipo para situaciones como las de ellos.
“Tenían preocupación y miedo por tener que estar detenidos tantos en un mismo lugar y que se desatara un contagio masivo”, explica el abogado.
La sentencia (de la Sala IV) salió el 2 de junio y en ella se establece un plazo de dos meses, a partir de la fecha en la que son notificados (las partes), para resolver el problema del pago.
Los magistrados habían aceptado dos de los tres recursos.
“Resolvieron dos (uno de un sudafricano y otro de un cartaginés), el tercero lo desestimaron porque el apremiado (el hombre) ya había sido liberado”, dijo Hernández.
Como sardinas. Según un informe de auditoría interna, la capacidad del sitio donde encierran a quienes no pueden pagar la pensión alimentaria es de 213 personas y cuando Arcelio fue de visita en marzo ya estaban llegando a los 400.
La resolución de los magistrados dice: “Se ordena a Wilman Pérez, director general; Ronald Castro, director de la Unidad de Pensiones Alimentarias y Adín Lardo, director de la clínica, todos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (la conocida Reforma) o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que de inmediato adopten las medidas pertinentes para que en el plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, se elimine el hacinamiento crítico en la Unidad de Pensiones de dicho centro, hasta llegar a su capacidad real.
“De igual manera, deberán coordinar y tomar las medidas que corresponden para solucionar el problema de falta de camas existente en dicho centro penal”.
El Ministerio de Justicia informó que desde abril de este año comenzó la ampliación del módulo para aumentar su capacidad en 110 espacios.
“La obra, que se financia con fondos propios, está para entregar a finales de julio. Con eso, el módulo quedará libre de hacinamiento y de sobrepoblación”, agregó el correo enviado por el departamento de prensa de Justicia.
Dada la alta cantidad de personas que son enviadas al módulo de pensiones, aunque suena a un gran número el de la ampliación, en realidad solo quedarían unos 23 espacios libres una vez acomodados los que ya están descontando su castigo por no haber podido pagar a tiempo.