Duros de sosegar
Los habitantes del cantón central de San José son los que más dificultan la batalla contra el COVID-19. Así lo detallan los números del sistema del 9-1-1 y de la Fuerza Pública.
Pavas y San Sebastián son los lugares a los cuales las autoridades han tenido que ir con mayor frecuencia a frenar fiestas, escándalos con música, reuniones grandes de malamansados en la calle, porque hay gente jugando en canchas o hay bares abiertos.
Del 6 de marzo, día en el que se informó del primer caso de coronavirus en el país, y hasta el 10 de junio la Fuerza Pública atendió 278 incidentes por estos hechos en Pavas y 224 en San Sebastián.
Además el 9-1-1 pasó de atender 10.406 llamadas a más de 20 mil en la actualidad a nivel nacional.
Las autoridades han insistido en obedecer para evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en Pavas, donde un té de canastilla dejó a 11 contagiados.
Números para arriba.
En febrero, el sistema 9-1-1 recibió 10.406 llamadas, en marzo 20.773, en abril 23.067, en mayo 14.946 y en lo que llevamos de junio 12.575.
Estas llamadas, que abarcan el país, informan de todo: desde personas que incumplen las medidas sanitarias hasta venta de licor ilegal, contrabando o evasión fiscal.
Las autoridades informaron que luego de la capital, en el centro de Alajuela y de Heredia son donde hay más irresponsables, por la cantidad de denuncias que llegan de ahí.
Limón es hasta el momento la provincia que registra menos incidencias; sin embargo, los números no son nada alentadores. En lo que llevamos de este mes han sido atendidas 1.113 llamadas de denuncias y de enero a este mes suman 6.838.
El fin de semana anterior se dispararon las denuncias al 9-1-1 en todo el país; el viernes hubo 1.023, el sábado 1.385 y el domingo 1.044.
Ahora hay mucha más gente despabilada y dispuesta a “cantar” cuando se entera de que hay fiestas en alguna parte. De hecho, en redes sociales circulan imágenes que dicen: “Fiesta que veo, fiesta que sapeo”.
Policías incapacitados. El sábado seis policías fueron atacados por un grupo de personas que tomaban licor en una casa de La Carpio, en La Uruca.
A los oficiales los atacaron con botellas, piedras y puñales. A uno lo arrastraron hacia el interior de la casa, por eso se habla de que hubo privación de libertad. Uno de los policías quedó con una fractura en la mano izquierda.
Calderón informó que detuvieron a cinco personas, entre ellas a una adolescente, les impusieron arresto domiciliario y prohibición de acercarse a los oficiales o molestarlos mientras sigue la investigación.
Los oficiales tuvieron que ser incapacitados, de los seis uno fue enviado a la casa siete días y los demás necesitan reposo entre dos y cuatro días.
Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, dijo que lo vivido por los policías fue una experiencia muy fea y complicada y que fue llevada al terreno judicial.
“A uno lo despachan a atender una fiesta o un escándalo y nunca espera encontrarse con una situación de este tipo, pero en algunas zonas del país se han venido presentando estos hechos de forma reiterada”, explicó Calderón.
“Insistimos con las personas para que no pierdan la cabeza porque los policías están preparados para soportar la presión y aplicar las disposiciones que nos toca, pero siempre se corre el riesgo de enfrentarse con personas agresivas e incluso armadas, como el caso del sábado”.
Explicó que el último recurso de un oficial de la Fuerza Pública es el arma de fuego, antes usarán la vara policial.
“El arma de fuego es cuando ya está en peligro la vida de los policías o de terceras personas, podría darse alguna circunstancia en la que deben usarla, pero es la última opción”, insistió.