Se hizo lo que se pudo
Si a veces cuesta que dos personas se pongan de acuerdo, imagínense lo que es que lo logre un grupo de gente que defiende distintos intereses...
Es por eso que el politólogo Sergio Araya dice que en las mesas de diálogo, entre el Gobierno y distintos sectores, se hizo lo que se pudo.
A esa mesa se sentaron el presidente de la República, Carlos Alvarado, sindicatos, cámaras empresariales, mujeres, estudiantes universitarios, la Iglesia católica, cooperativistas, sociedad civil y ministros, entre otros, y gracias a eso se lograron 58 acuerdos.
Araya cree que era muy difícil que se cumplieran las expectativas en un 100%.
Algunos de los acuerdos alcanzados son los siguientes:
Evasión y fraude fiscal. Establecer parámetros de medición para las metas de recaudación y procesos de capacitación, que busquen reducir el fraude fiscal.
Actualizar periódicamente las estimaciones de brechas en evasión y elusión de impuestos.
Impulsar una reforma legal que elimine a los condenados por fraude tributario la pérdida temporal de subvenciones, beneficios fiscales, cargas sociales, e inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa.
La Asamblea Legislativa deberá presentar un proyecto de ley que prohíba la actividad económica de funcionarios públicos en paraísos fiscales e incluya las inversiones en el extranjero de la declaración jurada de bienes a empleados estatales ante la Contraloría General de la República (CGR).
Conformar un grupo de trabajo mixto para definir una estrategia de formalización de emprendimientos y microempresas.
Mejorar los procesos de selección y contratación de funcionarios de la administración tributaria.
Ingresos, gasto y exoneraciones. Elaborar un proyecto de ley para eliminar la exoneración a los premios de lotería superiores a ¢250.000 e impulsar la iniciativa contra la lotería ilegal.
El Ministerio de Hacienda realizará estudios de costo-beneficio sobre las exoneraciones vigentes y otros instrumentos de gasto tributario.
El Gobierno hará un análisis de progresividad y del impacto económico-social sobre la modificación de las tasas diferenciadas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica y sobre los diferentes mecanismos de devolución. (No se aprobó aumentar el IVA en ningún extremo, aunque el Ejecutivo presentó dos propuestas para hacerlo).
Vender la cartera de crédito de la Comisión Nacional de
Préstamos para Educación (Conape) al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP) por una única vez.
El Ministerio de Hacienda deberá cerrar la brecha entre ingresos y gastos por medio de financiamiento en mejores condiciones (tasas y plazos) y que no estén sujetas a condiciones que lesionen la protección social y laboral, no los programas de apoyo productivo.
El Ministerio de Hacienda tendrá que garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público, fortalecer su capacidad para mejorar la recaudación de impuestos y los mecanismos de combate contra el fraude.
El Ejecutivo se compromete a recortar ¢170.000 millones vía presupuestos por debajo de la regla fiscal para el 2022 sin tocar la inversión.
Hacienda y el Mideplan harán un inventario detallado de los alquileres del Estado y ejecutarán un mecanismo para reducirlo.
Combate a la pobreza y empleo. Readecuar la normativa y flexibilizar trámites para facilitar el acceso a crédito de pymes y emprendedores.
Fortalecer el Programa de Centros de Desarrollo Empresarial MEIC-INA de apoyo a pymes.
Analizar la situación laboral del país para unir instrumentos y programas que permitan apoyar a los desempleados.
Favorecer la asociatividad de productores en modelos como cooperativas o consorcios.
Agilizar la ampliación de la Ruta 32 (San José-Limón).
Mejorar el acceso a Internet de banda ancha.
Cerrar las brechas de cobertura de procesos de capacitación de mujeres en vulnerabilidad.
Invertir en la incorporación de la informática y del uso del Internet en el sistema de educación primaria y secundaria a través de la formación continua de docentes y su introducción en los planes de estudio.
Reactivación económica. Pedir al Ejecutivo atender de inmediato los temas de fondo de avales y sistema de banca para el desarrollo, simplificación de trámites, costo de energía.
Apoyar la aprobación del proyecto de Hacienda Digital.
Abrir canales de comunicación ágiles y efectivos entre aduanas y tributación.
Implementar los proyectos del Sistema de Inspección No Intrusivo (SINI) y marchamo electrónico.
Extender la cobertura del Sistema de Compras Púbicas (Sicop) en un 100% en el sector público.
La Asamblea Legislativa deberá aprobar la reforma a la Ley de Contratación Administrativa (21.546).
Agilizar el trámite aduanero, combatir la evasión fiscal y las irregularidades en aduanas.
Crear un expediente digital y sistema de notificaciones electrónicas para mejorar la eficiencia de los procedimientos fiscales y de control.
Pedir al Congreso priorizar la reducción de la deuda política en al menos un 40%.
Gestión de la deuda pública. Solicitar a la Asamblea Legislativa eliminar permanentemente los subsidios de los combustibles a los diputados.
Sobre Hacienda Digital, incluir la depuración de la base de datos del Registro Único de Contribuyentes en la redacción de las propuestas.
Optimizar sistemas y procedimientos, maximizar el recurso humano en las unidades competentes para cobro administrativo y judicial para reducir la brecha de morosidad.
Políticas que eviten pagos de comisiones de desembolsos por pagos no girados.
Instar a la Asamblea Legislativa para aprobar el expediente 21.794 (Ley Pagar), aprobado el pasado 16 de noviembre.