Dipus se oponen a golpear pensiones
Los diputados rechazaron, de plano, la idea del Gobierno de meterle un impuesto con una tasa del 7,5% a los rendimientos de los fondos de las pensiones complementarias, así como las voluntarias.
Si se aprueba ese leñazo, en el caso del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la pensión que recibirían los asalariados se reduciría en casi un 10%, advirtió la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, adelantó estar en contra de la propuesta. A nivel individual, alertó, haría todo lo posible para que el plan no se apruebe en la Asamblea Legislativa.
“El ROP es un fondo de los trabajadores para su pensión complementaria, un derecho que tienen de jubilarse con una pensión justa y equitativa. No es justo, no es de recibo y no tiene ninguna justificación tocar estos fondos de pensiones”, enfatizó Chacón.
El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, recordó la reciente reforma a la Ley del Trabajador, aprobada el año pasado, para permitir que quienes se jubilen entre 1.° de enero del 2021 y el 18 de febrero del 2030 en el sistema del ROP, puedan retirar el fondo en una cantidad de meses equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen.
La finalidad, añadió el diputado de Restauración Nacional, era que los jubilados recibieran un mejor monto de la pensión.
“Me parece contradictorio que se venga a imponer un gravamen sobre los rendimientos que va en contra de esa suficiencia que genera la ley. Yo estaría totalmente en contra”, expresó Cruickshank.
En el PUSC, Shirley Díaz manifestó su oposición.
“Es una irresponsabilidad que se toquen esos temas y se trate de afectar a la mayoría a través de sistemas como el ROP y el FCL (Fondo de Capitalización Laboral), sin ningún tipo de consideración en una situación tan grave como la actual, sin propuestas serias de reactivación económica, ni reingeniería de la deuda y sin las decisiones que le corresponden tomar al Gobierno”, dijo Díaz, subjefa de fracción.
La propuesta. El plan del Gobierno es reducir a la mitad la exoneración del pago del impuesto de renta de las ganancias de capital que hoy gozan los fondos de pensiones y establecer un tributo del 7,5%.
El proyecto, según las estimaciones del Poder Ejecutivo, recaudaría unos ¢62.000 millones anuales que ayudarían a atenuar el desequilibrio en las finanzas públicas.
Sería parte de la propuesta de ajuste fiscal que el gobierno de Carlos Alvarado negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se afectarían los rendimientos del ROP, los planes de pensiones voluntarias y el FCL.
También gravaría los sistemas de pensiones complementarios que existan en instituciones estatales y empresas públicas o privadas.