Protesta nos salió carísima
Por fin se acabó el irrespeto de la diputada Nidia Céspedes en la Asamblea Legislativa, eso sí, antes hizo el último papelón este martes cuando puso a correr a todos para que no atrasara el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Carlos Alvarado.
Silvia Hernández, nueva presidente del Congreso, fue quien logró ponerle fin a la protesta que arrancó el 22 de marzo y terminó este 4 de mayo.
Hernández, los otros integrantes del Directorio Político y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte convencieron a Céspedes de ponerse los zapatos y dejar el centro del plenario para darle campo a Alvarado.
Lo de este martes venía precedido del ridículo del pasado sábado 1 de mayo cuando, para ser juramentado el nuevo directorio, se los diputados se colocaron de pie en el plenario frente a la mesa.
Céspedes se quedó detrás de ellos, de pie, y levantó su pañuelo celeste.
Eduardo Cruickshank, que se disponía a juramentar a los diputados, le dijo: “Baje ese paño, por favor”.
Los encargados de Protocolo resolvieron el tema así: solicitaron a los miembros del nuevo Directorio voltearse y a Cruickshank bajar al plenario para juramentarlos allí. Y de fondo quedó la mesa del Directorio.
Salió caro. La protesta de 44 días de la diputada fabricista a pata pelada en el puritico centro del plenario le costó a caro a los ticos. El salario bruto de un diputado es de ¢6.919.605. Si ese monto se divide entre 30, para sacar cuánto gana por día la legisladora y ese resultado se multiplica por los 44 días de la protesta, se entiende que esos días de pata pelada nos costaron muy ¢10.148.754 para ser exactos.
Para el politólogo Gustavo Araya la protesta, que tenía tres fundamentos: la realidad que viven en las costas del país, las condiciones de los indígenas y el aborto,
tiene varios amargos y negativos puntos .
“Lo primero es que a diferencia de otros actos de diputados que en el pasado se saltaron barandas, se subieron a la tapa de una patrulla o al Monumento Nacional, todos se dieron afuera del edificio de la Asamblea Legislativa; en este caso, al menos que yo recuerde, es la primera vez que se hace a lo interno y eso afecta el orden y la disciplina porque uno no sabe si contar o no con ese voto. Cuando hay cuórum se cuenta la diputada o no, si vota en momento en que es secreto, está expuesta su opinión porque se pudo ver su voto desde diferentes lugares”, explicó Araya.
Hay otra afectación, según Araya, siempre con el tema del orden y disciplina interno, porque los ticos pagamos a una persona que no esta ejerciendo plenamente.
“La diputada estuvo haciendo reclamos durante 44 días para temas en los cuales ni siquiera había propuesto proyectos de ley en la corriente legislativa, en ninguno de los tres temas, tampoco apoyando ninguno de esos temas en proyecto de ley específicos, tampoco se le conoce que durante todo ese tiempo estuviera legislando sobre esos temas, eso quiere decir que estuvo ocupando la Asamblea Legislativa como si fuese una plaza pública.
“Bien pudo aprovechar este tiempo desde otro escenario sin desmeritar el trabajo de todos sus compañeros diputados, además, es un irrespeto para sus compañeros presentarse a la Asamblea Legislativa descalza, sin las condiciones necesarias, haciendo sus necesidades ahí, cuando hay compañeros que se están tomando muy en serio su tiempo de trabajo”, explica Araya.
Otro politólogo, Sergio Araya, destacó que ella como legisladora tiene varias herramientas para el control político como proponer proyectos de ley, reformas a leyes ya existentes y no protestar descalza.
“A mi criterio fue más un asunto de exposición en los medios de comunicación. Salvo el pequeño grupo que la pueda aprobar, para la gran mayoría de personas pasó sin pena ni gloria, más bien fue visto como algo de mal gusto, cuestionable. Puso en riesgo su integridad física. Es una actitud desafortunada, está en su derecho, pero le hizo flaco favor a las causas que dice defender, además, costó muy cara esa protesta”, explicó don Sergio.
Faro sigue encendido. En su rendición de cuentas el presidente Carlos Alvarado confirmó que las pruebas FARO no se quitarán y que, por el contrario, son el instrumento que servirá para analizar la calidad educativa.
“Cambiamos la prueba final del bachillerato por las pruebas Faro, que se aplicarán por primera vez este año. Así evaluaremos la calidad a lo largo del proceso educativo, y no solo cuando este ya ha finalizado, para que las personas puedan beneficiarse de mejoras y no se queden atrapadas en un cuello de botella”, aseguró el mandatario.
“Todo niño y joven en el país debe tener equipo digital y acceso a conectividad y contenidos de calidad. Es una meta urgente. La pandemia evidenció la dolorosa brecha que existe”, reconoció.
FMI. Alvarado también habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), planteándolo como algo urgente y necesario. Recordó a la Asamblea Legislativa que está en la mesa el acuerdo negociado con el FMI y pidió su aprobación, ya que es la “vacuna” para la estabilidad que necesitamos.
“La necesita el presente, la necesita la futura generación. Quiero ser categórico. No avanzar en esta agenda es el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica. El acuerdo con el Fondo no implica el despido de nadie. No implica reducción salarial para nadie. No privatiza ninguna institución. No toca el IVA ni grava a los más pobres”, reiteró.