Secuestro virtual sufrirá
Firmes. Proyecto de ley soca a los operadores celulares para que ayuden
El reciente secuestro virtual que sufrió el primo del diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, puso sobre el tapete la falta de herramientas de las autoridades judiciales.
El familiar del legislador cayó en la trampa de los delincuentes y llegó a una finca en Guanacaste, donde supuestamente haría un negocio, pero al final nadie llegó, pero sí lo llamaron para decirle que estaba rodeado y que si se movía lo iban a matar.
Los mañosos estuvieron llamando al diputado Vargas y otros familiares de la víctima para pedirles plata, pero por dicha el legislador se movió y llamó al OIJ y se dieron cuenta de que en realidad todo era una estafa virtual y los secuestradores no estaban cerca, por lo que el hombre escapó sano y salvo.
A raíz de esa situación, Vargas y Randall Zúñiga, director del OIJ, estuvieron en comunicación y presentaron un proyecto hecho por el Colegio de Abogados, para que se le dé armas a la Policía Judicial.
Resulta que el OIJ no puede llegarle a la ubicación geológica de las direcciones IP cuando las comunicaciones son, por ejemplo, por WhatsApp u otras aplicaciones de este tipo, lo que impide actuar en el momento en el que se cometen el delito, pero eso se acabará.
El proyecto de ley pretende que las operadoras celulares estén obligadas a dar la localización de esas direcciones para que así los oficiales puedan ubicar a los maleantes.
“A pesar de la buena voluntad de varios de los operadores y proveedores de telecomunicaciones, es necesario estandarizar los criterios para una respuesta oportuna.
“Actualmente, se presentan requerimientos judiciales a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, que pasan meses sin ser atendidas”, explica el diputado en el documento.
La iniciativa agrega artículos a la Ley General de Telecomunicaciones para que se cumplan con estas solicitudes.
“El Ministerio Público podrá solicitar los datos de tráfico nacional e internacional, registros de localización y geolocalización, direcciones IP y demás relacionados con los usuarios finales y servicios, que sean tratados y suministrados por operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. Estos podrán ser solicitados en tiempo real”, dice uno de los artículos.
El proyecto de ley también establece que las operadoras deberán guardar un histórico de estos datos de sus usuarios por tres años.