Diputado regaña a Díaz por no dar el ejemplo
Bronca. legislador cuestionó a la ministra por no poner denuncia en la fiscalía
El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, enfrentó a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y la cuestionó debido a que ella no denunció ante la Fiscalía la polémica contratación de Christian Bulgarelli, quien hizo un contrato público a su medida y luego lo ganó.
Natalia Díaz llegó ayer, a las 9 a. m., a comparecer a la Comisión Investigadora del Sinart, en la Asamblea Legislativa, para dar explicaciones sobre la donación de un millón de dólares que hizo el BCIE y que usó el Gobierno para temas de comunicación, remodelación de algunas oficinas de Casa Presidencial, entre ellas el despacho del mandatario Rodrigo Chaves, entre otros.
La ministra dijo que fue el despacho del presidente Chaves el que hizo, desde el primer momento, la distribución de la plata otorgada por el banco.
En la comparecencia, Natalia dejó en claro que ella no supo que Bulgarelli había establecido los parámetros del concurso que ganó, sino hasta tiempo después, sin embargo, dijo que cuando se dio cuenta no presentó la denuncia ante la Fiscalía para que el hecho se investigara.
“Señora ministra, ¿nadie le advirtió a usted al día de hoy de que don Christian había participado en los términos de referencia? Aquí estuvo don Armando (Gómez, exdirector de Comunicación de Casa Presidencial) que se abstuvo hasta del nombre, ¿don Armando no le dijo a usted: ‘señora minis
tra, quien trabajó los términos de referencia, ganó la licitación del BCIE?’”, preguntó Ariel.
“No, señor, a mí me los pasó Comunicación”, respondió la ministra.
“Está bien, yo le creo, ¿lo hizo la ministra de Comunicación doña Patricia? ¿No le advirtió? ¿Nadie le advirtió?”, repreguntó Ariel.
“Yo me enteré por la prensa”, dijo Natalia.
Luego de eso, Robles le preguntó a la ministra si cuando se enteró de la situación que aparenta ser irregular y que el BCIE ha dicho que podría ser “fraudulenta”, puso la respectiva denuncia en la Fiscalía.
Ante esa consulta, Díaz trató de evadir la respuesta, dijo que ya había una investigación administrativa, pero Robles insistió en si ella había acudido a la Fiscalía y dijo que no.
Faltó denuncia. El legislador asegura que lo correcto hubiera sido, por una cuestión de transparencia, que apenas Díaz se enteraba de las supuestas anomalías que se dieron en la contratación, las denunciara ante la Fiscalía.
La ministra se defiende diciendo que ya hay una investigación administrativa y que ella no puso ninguna denuncia porque no se usaron fondos públicos.
“Hay criterios de la Procuraduría y la Contraloría que dicen que estos no son fondos públicos porque no fue dinero en efectivo entregado al país ni al Presupuesto Nacional... como estos son contratos que el banco hace directamente con proveedores la parte pública o los fondos públicos se configuran en el momento en que el entregable está listo y se levanta la cláusula de confidencial del contrato entre el proveedor y el banco.
“Hay una denuncia ya en la Fiscalía, yo estoy en la mejor disposición de colaborar, de momento no me han citado”.
Al consultarle a Díaz cómo hubiera actuado si a la hora de firmar el contrato con el BCIE hubiera sabido que este fue hecho por la persona que lo obtuvo, dijo que no podía contestar eso.
“Hubiera sido otra situación muy distinta, no me puedo poner a decir que hubiera hecho en ese momento, pero obviamente no lo conocía”, aseguró.
Dar el ejemplo. El legislador asegura que las respuestas de Díaz no son válidas, y que debió dar el ejemplo denunciando la situación.
“Es una respuesta irregular la de la señora ministra, muy reservada, porque ciertamente los fondos del BCIE, todos entendemos que son fondos internacionales, pero quienes diseñan toda la propuesta para la contratación, los proyectos, son funcionarios públicos, es decir, desde el momento en que un funcionario público está dentro de su tiempo laboral, diseñando y siendo parte de un proceso, ya requeriría una investigación porque es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y esa persona participó, junto con un tercero, en el diseño de un contrato que después se le asignó a ese tercero. Finalmente, el producto que se entrega entra a ser un producto completamente público.
“No es tema de fondos públicos, es que eran funcionarios públicos en ejercicio... es un ilógico, se cae solo, lo mínimo que debería hacer la ministra de la Presidencia es: ‘ok, yo soy firmante de esto, está en juego mi nombre’, el BCIE ha dicho que evidentemente hay posibilidades de prácticas fraudulentas, de oficio debería pedir a lo interno de Casa Presidencial quiénes fueron los encargados, cómo fue el procedimiento y agarrar a todo esos y mandarlos a la Fiscalía para que los investiguen por el delito de tráfico de influencias”, dijo Ariel.