¿Qué contiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas?

Impuesto sobre la Renta:

Se plantea un esquema de transición a la renta global para las personas jurídicas. Las empresas deberán declarar la totalidad de sus ingresos, con independencia de la naturaleza de las rentas y podrán deducir la totalidad de los gastos asociados. Por otro lado, se busca reducir la dispersión tarifaria existente, tratando de homogenizar al 15% el impuesto al capital y las remesas al exterior.

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA):

Propone la ampliación de la base de contribuyentes, el aumento de la tasa imponible y pasar de un criterio de deducción de créditos bastante limitado, a otro de deducción financiera plena. Quien cobra el impuesto puede deducir, a su vez, el que paga a sus proveedores y así, sucesivamente, en toda la cadena productiva.

Responsabilidad fiscal:

Se rige sobre varios principios: i) Salvaguardar el crecimiento económico y la inversión pública, pues solo se regula el crecimiento del gasto de capital en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario, podrá asignarse según las prioridades del Gobierno ii) Gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el gasto iii) Integralidad; debe acompañarse de la reforma tributaria iv) Credibilidad; para que la regla fiscal sea exitosa se requiere de disciplina fiscal por parte de todos los actores que administran fondos públicos. El proyecto de ley propone una regla fiscal que desacelera el crecimiento del gasto corriente, según la relación deuda del gobierno central-PIB.

Adición a la ley de los salarios públicos:

Se busca orientar las remuneraciones de la función pública hacia un esquema de eficiencia y calidad en el gasto público. Para ello se establecen topes a los mayores salarios de la Administración

Pública, un sistema de remuneración de salarios único para jerarcas, regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva y conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual, pero que tenga en cuenta el cumplimiento de las metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.