Una breve edad de oro: la amenaza para los fiscales de Centroamérica
LOS FISCALES GENERALES EN LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE HAN DECLARADO LA GUERRA CONTRA LA CORRUPCIÓN, MIENTRAS QUE LOS POLÍTICOS ESTÁN DESEOSOS POR DESHACERSE DE ELLOS.
Los fiscales generales en los países del triángulo norte han declarado la guerra contra la corrupción, mientras que los políticos están deseosos por deshacerse de ellos.
El 7 de mayo, cientos de funcionarios se reunieron en el salón de baile del hotel Camino Real, en la ciudad de Guatemala, para rendir homenaje a Thelma Aldana, quien renunció al final de su mandato de cuatro años como fiscal general del país. Una presentación en Power Point destacaba sus hazañas fiscales las cuales incluían encarcelar al presidente del país en 2015, Otto Pérez Molina, y a la vicepresidente, Roxana Baldetti. El año pasado, ella inició una investigación sobre el actual presidente, Jimmy Morales, por sospechas de que había pagado ilegalmente su campaña. El asiento en la primera fila destinado para él estaba vacío.
La corrupción que perseguía la Sra. Aldana no es nueva. En Guatemala, al igual que en El Salvador y Honduras, los otros países del "triángulo norte" de Centroamérica, la corrupción contagia a los niveles más altos del gobierno. Los fiscales generales han ignorado la mayoría de crímenes de los políticos que los han nombrado. Esto contribuye a la anarquía y la violencia que impulsan a las personas a huir de la región hacia Estados Unidos.
Sin embargo, en los tres países, los titulares recientes de la fiscalía general han luchado contra la impunidad. Los fiscales en Honduras descubrieron malversación de fondos en agencias estatales. En El Salvador, un expresidente está en la cárcel, otro huyó a Nicaragua y un tercero murió antes de su juicio. Los fiscales de la región se han convertido efectivamente en "una cuarta rama del gobierno", según Charles Call de American University, en Washington, DC. En Guatemala y Honduras, los fiscales han contado con el apoyo vital de órganos de anticorrupción respaldados por la ONU y otros organismos internacionales.
Sus éxitos son frágiles. A inicios del próximo año, los tres países tendrán nuevos fiscales generales y El Salvador reemplazará
cinco jueces de la Corte Suprema. Los políticos quieren nombrar a sucesores más dóciles en un momento en donde Estados Unidos, que ha apoyado la lucha contra la corrupción, se está retirando de la batalla. Todo esto amenaza el progreso.
El embrollo norteño
En Guatemala, el blanco principal es la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), la agencia respaldada por la ONU que ayudó a Thelma Aldana a encerrar al expresidente. Sus enemigos están recibiendo ayuda de un colaborador inesperado: Marco Rubio, un senador de la Florida. En el 2006, la CICIG se creó para ayudar a los fiscales a desmantelar "organizaciones ilegales de seguridad" y redes interrelacionadas de hombres de negocios y políticos. Tiene el respaldo de más del 70% de los guatemaltecos. Morales, un comediante que nunca había ocupado un cargo político, fue elegido en el 2015 con la promesa de luchar contra la corrupción que des- cubrieron la CICIG y la Sra. Aldana, pero cuando analizaron el financiamiento de su campaña, él devolvió el golpe. En agosto pasado, intentó expulsar del país al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, pero cedió ante las protestas.
El presidente Morales tiene un nuevo aliado en el Sr. Rubio, un miembro del comité de asignaciones del Senado, quien autoriza la contribución estadounidense a la CICIG. Esa ayuda es parte de la estrategia de Estados Unidos para desalentar la migración ilegal reforzando el estado de derecho. El 4 de mayo, Marco Rubio suspendió la donación de US$6 millones, casi la mitad del presupuesto de la agencia, siguiendo el ejemplo de Bill Browder, un enemigo de Vladimir Putin que afirma que Rusia está manipulando a la CICIG. Browder fundamenta ese reclamo en el papel de la CICIG en el enjuiciamiento de la familia Bitkov, que se ha enemistado con el presidente Putin. A los Bitkovs se les condenó severamente por usar documentos falsos para obtener residencia en Guatemala, sin embargo, no ha surgido ninguna otra evidencia convincente para respaldar la afirmación de Browder. Una corte guatemalteca recientemente ordenó el nuevo juicio de los Bitkovs. Rubio suspendió el dinero de todos modos.
Algunos guatemaltecos creen que él y Browder son títeres involuntarios de los enemigos de la CICIG. "Alguien astutamente plantó la semilla", señala un cabildero de negocios. El ataque de Rubio contra la CICIG puede facilitarle a Morales la expulsión de su director o permitir que termine su mandato el próximo año. La lucha contra la corrupción dependería entonces de la sucesora de la Sra. Aldana, María Consuelo Porras.
Ella no es muy conocida. Su carrera como juez y fiscal sugiere que puede hacer el trabajo. "Le estamos dando el beneficio de la duda", dice Helen Mack, una activista de los derechos humanos. Porras se beneficiará del progreso realizado durante la era de la CICIG, incluyendo mejores fiscales, pero, al igual que Aldana, tendrá que elegir entre la CICIG y un presidente corrupto, indica la Sra. Mack.
En Honduras, la batalla ya podría estar dada por perdida. El presidente, Juan Orlando Hernández, controla la mayoría de las instituciones del país, incluida la judicial. El control político de la oficina del fiscal general se debilitó por un tiempo después del descubrimiento, en 2013, de la corrupción masiva en la agencia del seguro social. Las protestas llevaron a la creación, en 2016, de MACCIH, una comisión similar a la CICIG con poderes más débiles, bajo la tutela de la Organización de Estados Americanos que ha investigado denuncias de corrupción contra congresistas y una exprimera dama, en conjunto con el fiscal general, Óscar Chinchilla. Las élites políticas se defendieron después de que Hernández fuera reelegia
do en noviembre pasado. Aunque se pensó ampliamente que el voto era fraudulento, Estados Unidos lo respaldó. En enero, el Congreso de Honduras aprobó una ley que transfiere las investigaciones sobre el uso indebido de los fondos públicos de los fiscales a un organismo de auditoría influido por el presidente. El jefe de MACCIH, Juan Jiménez Mayor, renunció en febrero. Hernández no lo ha reemplazado, pero sí tiene mucha prisa por sustituir a Chinchilla, cuyo mandato termina en septiembre. La mayoría de los 26 candidatos tienen vínculos con el Partido Nacional del presidente. Se rumora que uno está involucrado en el crimen organizado. Quien vaya ser nombrado, argumenta Edmundo Orellana, un exprocurador general, para MACCIH "se acabó".
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, no cuenta con el apoyo de una agencia externa. Obtuvo el trabajo, en el 2016, porque los dos principales partidos políticos, el izquierdista FMLN y el derechista Arena, no pudieron ponerse de acuerdo sobre nadie más. Los sorprendió yendo tras presidentes anteriores de ambos partidos: Tony Saca, de Arena, que está en la cárcel esperando juicio por los cargos de robo de cientos de millones de dólares en dinero público; Mauricio Funes, del FMLN, que huyó a Nicaragua en el 2016 cuando los fiscales comenzaron a inves- tigarlo por enriquecimiento ilegal; y Francisco Flores (Arena), quien fue acusado de malversar millones de dólares destinados al socorro del terremoto. Después de que Flores murió, a principios de 2016, Meléndez presentó una demanda contra su patrimonio. Meléndez ha sido criticado por autopromoción y por enjuiciar a más funcionarios del FMLN que a los de Arena, pero él es considerablemente mejor que su predecesor, Luis Martínez, que está en la cárcel. La embajada de Estados Unidos ha respaldado fuertemente a Meléndez. Arena, que obtuvo el control del Congreso en una elección en marzo, ha señalado que puede intentar volver a nombrarlo cuando termine su mandato en diciembre.
La gran inquietud es quién reemplazará, en julio, a cinco jueces de la Corte Suprema. Cuatro de ellos han sido excepcionalmente activos en la defensa de los derechos humanos y en ceder en la política de los dos grandes partidos. Un panel internacional de expertos ayudará a investigar a los candidatos para sucederlos, pero el congreso tomará la decisión final. Los partidos lamentan haber nombrado jueces de mentalidad independiente en 2009. "No volverán a cometer ese error", indica Abraham Abrego, de Cristosal, un grupo de derechos humanos. En el triángulo norte, una edad de oro de la independencia judicial podría estar llegando a su fin.