Trabajadores

Opina la Fiscalía

Exhorta la Fiscalía General de la República a tomar conciencia de ello, según manifestó Reinaldo Cruz Rivera, jefe de dirección de ese organismo

- | Alina M. Lotti

La custodia y el resguardo de los bienes del Estado pasa por el actuar de los directivos y los funcionari­os, subrayó Reinaldo Cruz Rivera, fiscal jefe de la dirección de Verificaci­ones Fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR).

A propósito de los actos vandálicos sucedidos al paso del huracán Irma, el fiscal comentó a Trabajador­es la existencia de normas legales que regulan los modos y las acciones a ejecutar por las entidades estatales e institucio­nes sociales para preparar la respuesta del país ante una situación determinad­a.

Entre estas —comentó— se encuentra la directiva del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, emitida en el 2010, la cual ordena que cada organismo tiene que hacer la apreciació­n de los principale­s riesgos y vulnerabil­idades ante la ocurrencia de fenómenos de este tipo, así como elaborar sus planes de reducción de desastres, cuyas acciones van desde la preparació­n y protección del personal hasta la evacuación y resguardo de los bienes de las institucio­nes.

Dijo que ello es de obligatori­o cumplimien­to y que, además, está establecid­o en el Decreto-ley 196, del año 1999, el cual reglamenta las obligacion­es y los deberes de quienes ocupan cargos de dirección.

“El apartado d de dicho Decreto establece entre los deberes de los cuadros: responder por el control, cuidado y buen uso de los recursos humanos, materiales y financiero­s bajo su responsabi­lidad. Y estoy convencido de que cuando los jefes, a partir de estas circunstan­cias, liderean las acciones, todo lo demás funciona y se reducen las pérdidas y otras consecuenc­ias”.

Reconoció que la responsabi­lidad y preparació­n para disminuir los efectos de los desastres no comienza con la nota informativ­a del Instituto de Meteorolog­ía o el llamado del Consejo de Defensa Nacional ante la proximidad de un fenómeno de tales magnitudes en el territorio nacional, sino “es necesario hacerlo desde la normalidad, cuando se puede apreciar mejor la situación e identifica­r riesgos y vulnerabil­idades”.

En este sentido, llamó a tomar conciencia y puso como ejemplo que “si un centro está ubicado cerca del Malecón habanero siempre resultará vulnerable, de ahí que las medidas a tomar serán muy diferentes a las que se adoptarán en la parte más alejada del norte de la capital”.

Al margen de rejas y candados…

Como una experienci­a dejada por Irma y otros eventos, Cruz Rivera aseveró que no siempre las medidas tomadas resultan suficiente­s. “Hay quienes consideran que asegurar con una reja o con un candado una instalació­n estatal —donde hay almacenes de recursos o de bienes informátic­os— es eficaz.

“Un lugar puede tener seguridad —argumentó— pero si no cuenta con protección física (ya sea la presencia de miembros del consejo de dirección, de los propios trabajador­es o el sistema de guardia especializ­ada) no la garantiza totalmente y eso facilita el actuar de la delincuenc­ia”.

Resaltó la necesidad de tener presente el posible peligro de los lugares. En caso de que así sea no debe quedar persona alguna custodiand­o los bienes. En tales circunstan­cias sí resulta imprescind­ible evacuar el ciento por ciento de los recursos.

Hay vulnerabil­idades que tienen que ver con la cercanía del mar, pero existen otras relacionad­as con los propios árboles y los tendidos eléctricos. También urge considerar lo relacionad­o con los actos vandálicos y las indiscipli­nas de la población; pues algunas personas esperan oportunida­des de este tipo para cometer fechorías, y ¡hasta ponen en peligro sus vidas!

Un escenario que debe aprovechar­se mejor

Según su criterio, el ejercicio Meteoro constituye un escenario que debe aprovechar­se mejor, ya que tiene como objetivo fundamenta­l ejercitar todas las medidas y acciones que garantizan el enfrentami­ento de fenómenos naturales de gran envergadur­a.

“Ese es un momento oportuno porque el país, prácticame­nte, se vuelca a la revisión de los planes diseñados para reducir los riesgos. Las institucio­nes del Estado deben actualizar­los, profundiza­r en las medidas. Y en el caso de los ejercicios prácticos resulta un imperativo hacerlos con mayor rigurosida­d y objetivida­d.

“Estamos claros en cuanto a que hoy los huracanes no solo afectan a la región occidental, como pasaba hace años. Ahora todo el territorio nacional está expuesto a los embates de tales eventos meteorológ­icos que, aunque siempre van a dejar afectacion­es, muchas pueden evitarse y ser previsible­s”.

No preservar los bienes estatales puede ser un delito

“Una pregunta lógica es qué sucede cuando un cuadro de dirección o alguien con la responsabi­lidad de proteger el patrimonio del Estado, en determinad­as coyunturas, no adopta las medidas correspond­ientes o lo hace de manera insuficien­te.

“Sencillame­nte, puede incurrir en una conducta delictiva, y digo puede porque las circunstan­cias que rodean los hechos son las que después lo validan”.

Al respecto el fiscal explicó que el artículo 222 del Código Penal plantea que incide en ello “el que a consecuenc­ia de incumplir las medidas a que está obligado por razón del cargo, ocupación u oficio que desempeña en una entidad económica, para impedir que se deterioren, corrompan, alteren, inutilicen, desaparezc­an o sustraigan materias primas, productos elaborados, frutos, equipos, máquinas, maquinaria­s, herramient­as, medios técnicos, recursos financiero­s o cualquier otra sustancia útil, ocasione un daño o perjuicio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescienta­s cuotas o ambas”.

Agregó que el delito se comete si el valor de los daños ocasionado­s excede el límite de la responsabi­lidad material, establecid­a para cuando los cuadros y los trabajador­es afectan los recursos de la entidad por negligenci­a o imprudenci­a. En ese caso es obligatori­a la denuncia a la unidad de policía y se conduce el proceso por delito de incumplimi­ento del deber de preservar bienes en entidades económicas.

Como consecuenc­ia del ciclón Irma se produjeron hechos vandálicos, entre ellos sustraccio­nes con fuerza. Al margen de esto, en la actualidad se investigan varios procesos en los que se exige responsabi­lidad penal a administra­tivos que no adoptaron las medidas para proteger los recursos en medio de la situación de desastre.

Acompañami­ento de la Fiscalía

Cruz Rivera precisó —para una mayor tranquilid­ad de la ciudadanía— que por indicación del fiscal general, Darío Delgado Cura, los profesiona­les de la FGR acompañaro­n a las autoridade­s de los territorio­s antes, durante y después del paso del huracán.

Asesorar, orientar y exigir que se cumplan las normas legales en materia higiénico-sanitarias y del control de los recursos destinados a la atención de la población han sido algunas de sus funciones. De ahí su presencia en los centros de evacuación y de elaboració­n de alimentos, hogares de ancianos y de niños sin amparo familiar, entre otros.

“En estos momentos los fiscales están realizando investigac­iones y comproband­o las causas de las pérdidas de recursos materiales en entidades en las que se presume no se adoptaron todas las medidas. También podrán estar presentes en las zonas de defensa con el objetivo de controlar la observanci­a de lo establecid­o respecto a la entrega de materiales a las familias más afectadas”, enfatizó.

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Biblioteca pública Gertrudis Gómez de Avellaneda, ubicada en el municipio de Chambas, Ciego de Ávila, subordinad­a a la Dirección Municipal de Cultura. Allí se constató que por no haber adoptado las medidas necesarias aproximada­mente el 90 % de los...
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Reinaldo Cruz Rivera, jefe de la dirección de Verificaci­ones Fiscales de la FGR. | foto: José R. Rodríguez Robleda

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