Secuelas de un ataque sónico que nadie oyó
La noticia no sorprende. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a pesar de no haber encontrado evidencias del supuesto ataque sónico, ha decidido que su embajada en La Habana continúe cerrada para lo que debería ser una de sus principales misiones: potenciar y facilitar el intercambio bilateral.
La confirmación llegó este viernes, cuando la página oficial del ente gubernamental emitió una nota para informar que a partir del lunes 5 de marzo la reducción de personal, anunciada el 26 de septiembre del 2017 como “provisional”, será ahora permanente.
No obstante, fuentes diplomáticas aseguraron al diario Granma que el nuevo estatus “puede ser revisado y cambiado en cualquier fecha” y que el cambio de “orden de partida” a “puesto sin acompañantes”, responde a que el primero solo puede durar 180 días y tal plazo se cumplió el 4 de marzo. La nueva categoría implica que ningún funcionario estadounidense podrá vivir en la capital cubana junto a su familia, como es la práctica habitual en las misiones diplomáticas del mundo.
“La embajada continuará operando con el personal mínimo necesario para desempeñar funciones consulares y diplomáticas básicas, similar al nivel de emergencia mantenido durante la partida ordenada”, dice la nota oficial.
Añade que “hay una investigación al respecto en marcha”, y que “la salud, seguridad y el bienestar del personal del Gobierno de Estados Unidos y de sus familiares es de la mayor preocupación para el secretario (de Estado, Rex) Tillerson”.
El pasado 9 de enero el Departamento de Estado admitió por primera vez que no tenía certeza de que se tratara de agresiones acústicas, algo que los científicos cubanos, estadounidenses y de otros países habían estado asegurando desde semanas antes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue enfático cuando declaró por esos días que “no existe ninguna prueba de los ataques sónicos” y denunció la negativa del Gobierno de los Estados Unidos a colaborar con la investigación y a compartir, al menos, los informes médicos de las supuestas víctimas.
El influyente medio inglés The Guardian investigó el tema. Entrevistó a neurólogos y especialistas de importantes instituciones científicas del mundo, quienes hicieron notar la falta de información sobre las víctimas, lo cual sesga una evaluación científica profunda.
“Desde un punto de vista objetivo es más como una histeria colectiva que cualquier otra cosa”, dijo al medio Mark Hallett, jefe de la sección de Control Motor Humano del Instituto Nacional Estadounidense de Trastornos Neurológicos y Derrame Cerebral. Tal explicación “aclararía todo el misterio y presumiblemente se normalizarían las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”.
Pero ese es, precisamente, el inconveniente. El pretexto de los ataques sónicos que nadie oyó responde a los intereses de quienes, desde dentro de Estados Unidos, están en contra del acercamiento que se venía produciendo desde diciembre del 2014, cuando el líder cubano Raúl Castro Ruz y su homólogo, el entonces presidente Barack Obama, anunciaran el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
Recientemente una delegación bicameral visitó la capital cubana —los senadores Patrick Leahy (Vermont), Ron Wyden (Oregón) y Gary Peters (Míchigan), y los representantes Jim McGovern (Massachusetts), Kathy Castor (Florida) y Susan Davis (California)— y dialogó con autoridades, pequeños empresarios y otros sectores de la sociedad.
En la conferencia de prensa ofrecida al término de su estancia cuestionaron la decisión de inhabilitar a las embajadas de ambos países con tan brutal reducción de personal, reconocieron la cooperación de Cuba en la búsqueda de la verdad acerca de los hechos que originaron la crisis actual, y expresaron total certeza de que no existe peligro alguno. Como prueba de esto último, el líder del grupo (el senador Leahy) viajó acompañado por su esposa y nieta.