Revelaciones de un recorrido
Violaciones en el peso, los precios, y dependientes sin la debida autorización, fueron algunas de las irregularidades detectadas en un recorrido de Trabajadores por agromercados habaneros. No hay impunidad. Junto al reportaje publicamos las medidas dictadas para que exista protección al consumidor.
EL TITULAR del reportaje podría parecer un eufemismo. Pero no lo es. Cuando la oferta está por debajo de la demanda afloran dificultades y contradicciones, es obvio; más para mí queda claro que la desidia, el casi desaparecido enfrentamiento, el dejar hacer, el descontrol y quizás también la falta de un racional tope a los precios, entre otros, son elementos que conspiran contra el buen comportamiento de la comercialización minorista de productos agropecuarios.
Con tales ruidos, más allá de la forma de gestión que se emplee, en la compra-venta de productos agropecuarios habitualmente sale a relucir alguno, o algunos de los asuntos que siempre irritan a la población: violaciones de precios y en el peso, dependientes sin la debida autorización —los llamados “por la izquierda”— unidades sin permiso para esa actividad comercial, maltrato y otros.
¿Por qué un mercado agropecuario hoy con sus tarimas vacías, sin abarrote de mango, calabaza, frutabomba, boniato, maíz u otro de los productos con buena cosecha? Así las encontramos en varios de los centros visitados en reciente recorrido por unidades de este tipo en La Habana, justo en los municipios del Cerro y Diez de Octubre. No nos llamemos a engaño, tal dicotomía es frecuente, tanto que lo absurdo puede parecer lógico.
Sin duda, lo visto vino a reiterar algo que no es nuevo: demasiados puntos oscuros en una actividad de la mayor importancia como lo es la alimentación de la población.
En Palatino y San Carlos
Allí labora la Cooperativa No Agropecuaria (CNA) Proyecto Futuro, y a decir verdad, fue de los pocos lugares en que apreciamos disciplina, tarimas bien surtidas y un trabajo evidentemente responsable en lo que a precios y organización se refiere.
Pero no todo es perfecto. Un detalle significativo observamos en este mercado, y también en el resto: la actual Resolución 1096, que norma un grupo de precios máximos minoristas para este tipo de unidades no recoge algunos productos de alta significación para los consumidores y que creemos que también debían estar.
Nos referimos a la zanahoria, remolacha, limón, ají. Todos se venden hoy por mazos, o vasos y a 10 pesos cada uno. “Esto es una violación; hay que vender por libras, pues el mazo no es una unidad de medida”, dijo Nancy Wilson, subdirectora comercial de la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios a Gustavo Delgado, presidente de la citada CNA.
La opinión más generalizada es que esos productos deberían tener un precio topado. “Muy bien el tope de precios en aquellos productos, pero en estos nos tumban”, aseguran compradores.
En Palatino y Agua, al lado del conocido como antiguo paradero del Cerro, la situación era realmente alarmante. El administrador no se encontraba en la unidad. Solo tres o cuatro productos en venta y ninguno con el precio a la vista de los clientes. Más tarde supimos que ese mismo día se nombró una nueva dirección para este Mercado Agropecuario Estatal (MAE).
En un pequeño mostrador la Cooperativa de Créditos y Servicios Roberto Negrín comercializaba productos de su minindustria. El dependiente Diógenes Terrero Ramírez no poseía la documentación reglamentaria para la venta. Varios precios no estaban a la vista del comprador. Violaciones por doquier.
Más allá el punto de venta enclavado en Vento y O'Farril, de la propia Empresa de Mercados Agropecuarios de La Habana. Bien surtido, organizado, con sus trabajadores beneficiando algunos productos destinados a la venta. Pero no tenían Autorizo Comercial. “Ese documento está en trámite, indicó Rolando Espinosa Díaz, el administrador. Nos dijeron que la gestión tardaba 1 o 2 meses”.
Sin duda, las mayores infracciones las encontramos en San Miguel y Vento, otro punto de venta de la Empresa Provincial de Mercados. El administrador, ausente. La pizarra muy lejos del mostrador, tanto que no se podían leer los precios; ninguno de los productos en tarima los tenía a la vista. Allí las unidades de medida son el mazo, el vaso, la unidad. El vendedor es quien indica el precio.
Otra violación: ninguno de los vendedores portaba el carné que lo acreditaba como cuentapropista. ¿Serían trabajadores ilegales, de esos que posibilitan la violación del fisco? El Autorizo Comercial también brillaba por su ausencia, a pesar de que, por cierto, debería estar expuesto en lugar visible.
CNA San Bernardino totalmente desabastecida
Poca oferta en la unidad 534, en Naranjito, arrendada a la CCS Julio Trigo, pero bien con los precios. No tenían oficializado su Contrato Comercial. “Está hecho, pero pendiente de firma”, nos refirió Reinaldo Agüero, su administrador.
También en Diez de Octubre, en General Lee y Goicuría, visitamos un punto de venta vinculado a la CCS Camilo Torres, de Madruga. Las violaciones pululan: no estaban ni el administrador ni su “segundo”; vendedores sin la llamada Declaración Jurada y el contrato sin fecha de vencimiento; ningún producto con precios visibles y su venta por lo que anunciaban los tarimeros. Aunque tienen que vender según la Resolución 1096, comercializaban a precios adulterados: 5 pesos la libra de guayaba y de piña; la calabaza y la frutabomba a 3 pesos la libra y el plátano burro a 10 pesos la mano.
La CNA San Bernardino labora en la calle de igual nombre y Serrano, en Santos Suárez. Estaba totalmente desabastecida. Su administrador-representante no estaba en el mercado.
En la esquina de San Bernardino y San Indalecio está la unidad 223, La Oportunidad, arrendada a la CCS Álvaro Reinoso, de Alquízar. Muchas violaciones: ningún producto con su cartel de precios; la malanga a 7 pesos la libra, el mango a 3 pesos la unidad, el pepino a 5 pesos la libra, precios que están por encima de lo establecido. La administradora, Jennifer Rodríguez, no portaba su carné.
Epílogo
Hasta ahora no he mencionado el concepto más popular del momento, pero no fue un olvido. Como cada una de las infracciones constituyen violaciones de lo que debiera llamarse Protección al Consumidor, ahora lo expreso: en la gran mayoría de los mercados agropecuarios no existe la citada protección. ¿Alguien lo duda?