Diario Libre (Republica Dominicana)

Desde 2011, turbas han causado 136 muertes por linchamien­to

Expertos dicen causas son poca confianza en la justicia y una cultura de violencia Finjus afirma país queda “muy mal parado” en reporte sobre Poder Judicial

- Mariela Mejía Redactora Senior

SD. Tenía 21 años y murió de forma violenta. Una madrugada, un grupo le propinó golpes severos en la cabeza, el pecho, brazos y piernas. Sin ser juzgado por un tribunal, la turba lo consideró culpable de asaltar a un motoconchi­sta en el sector El Café de Herrera. El caso lo recogió la Policía Nacional en un reporte de septiembre de 2016.

Ese año, 14 personas fueron linchadas en la República Dominicana. De forma más amplia, desde 2011 hasta el 15 de octubre pasado, se cometieron 136 homicidios por linchamien­to, según un informe dado a DL por el Observator­io de Seguridad Ciudadana (OSC) del Ministerio de Interior y Policía, que compila cifras de la Policía.

Y no todos han sido hombres, en 2011 se identificó a una mujer entre las víctimas.

“Esas acciones en el país tienen que ver directamen­te con que tenemos una cultura de violencia”, afirma Alberto Morillo, coordinado­r del OSC. “Los homicidios que son por convivenci­a son más que los que son por la delincuenc­ia, conflictos sociales, riñas, que pelean por un parqueo, que sacan una pistola porque chocaron a un automóvil, ese tipo de cuestiones”.

Pero Morillo destaca otra variable: “En una segunda etapa podemos decir que la gente posiblemen­te se sienta inconforme con los procedimie­ntos de justicia o de confianza de la justicia o entienden que no se hace nada con este tipo de cosas y tratan de hacer justicia por su propia mano”.

Un caso reciente ocurrió en septiembre pasado cuando un presunto delincuent­e falleció en Sabana Perdida por los golpes que recibió de residentes del sector que lo acusaban de asaltar a un médico y herir a su sobrino. Por la muerte se apresó al doctor, a una pariente de este y a dos vecinos.

Autojustic­ia regional

Ejecutar sin proceso y tumultuari­amente a un sospechoso es un método extendido en la región. En mayo del año pasado la prensa reportó que en México unas 600 personas participar­on del linchamien­to de dos presuntos secuestrad­ores.

En Haití se produjeron más de 480 casos de linchamien­to entre 2012 y 2015, los que sólo concluyero­n con el arresto de 59 personas y apenas una fue condenada, según recoge un documento presentand­o en enero del presente año por la Misión de Estabiliza­ción de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe “La cultura política de la democracia en las Américas, 2014: Gobernabil­idad democrátic­a en 10 años del Barómetro de las Américas” destacó que los encuestado­s en la República Dominicana (42.8%), Paraguay (42.3%) y Perú (40.6%) reportaron la mayor aprobación promedio a las personas que toman la ley en sus propias manos, mientras que los de Panamá (25.1%), Brasil (23.5%) y Trinidad y Tobago (19.2%) tuvieron la aprobación promedio más baja.

Para 2014, el encuestado promedio en la región no estaba de acuerdo con que la gente tomara la justicia en sus propias manos. Pero, a pesar de lo que muestran los promedios, muchos estuvieron dispuestos a admitir que aprueban que quienes tomen la ley se decidan por sus propias manos cuando el Gobierno no castiga a los criminales.

“Las víctimas de crímenes, aquellos que se sienten más inseguros en sus vecindario­s y quienes reportan más actividad de pandillas en sus vecindario­s tienen más probabilid­ades de aprobar la justicia vigilante”, indica el estudio publicado por la Universida­d Vanderbilt.

La encuesta Latinobaró­metro 2016 (que incluyó a la República Dominicana) midió un descenso en la confianza en el poder judicial en la región comparado con 2015: del 30% al 26%, en cambio la Policía pasó del 36% al 38%, pero el reporte no considera el aumento estadístic­amente significat­ivo.

En esa encuesta también se identificó a la delincuenc­ia como el principal problema de la República Dominicana, seguida por el económico. 

“Esas acciones tienen que ver directamen­te con que tenemos una cultura de violencia (...) En una segunda etapa, la gente se siente inconforme con la justicia” Alberto Morillo

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