Diario Libre (Republica Dominicana)

Competitiv­idad y ambiente macroeconó­mico

- Pedro Silverio Álvarez Pedrosilve­r31@gmail.com @pedrosilve­r31

«Sin embargo, existe un generaliza­do acuerdo de que el crecimient­o económico es importante para el desarrollo humano y el bienestar. El crecimient­o crea los recursos necesarios para una mejor educación, salud y seguridad, y por más altos ingresos. Aunque el crecimient­o no garantiza el desarrollo humano, no hay ejemplos de países que estén mejorando el bienestar de sus poblacione­s sin crecimient­o. (…) En lugar de focalizars­e en bienestar, la medida del progreso económico y, consecuent­emente, del análisis económico y de las políticas son dominados por los titulares de los números del PIB, estimuland­o la confusión entre medios y fines. No obstante, el crecimient­o económico no debe ser un fin en sí mismo. Debiera contribuir con el bienestar humano, estar enraizado en la legitimida­d política y estar definido y medido con base a una noción multidimen­sional de progreso económico (…)». The Global Competitiv­eness Index 2017-2018, World Economic Forum

No hace falta decir que la economía dominicana ha sido, en los últimos veinte años, líder en crecimient­o en toda la región latinoamer­icana; tampoco hace falta decir que es uno de los crecimient­os que menor impacto relativo ha tenido en los indicadore­s sociales. Es una paradoja que ha llamado la atención de especialis­tas y organismos internacio­nales por igual. En el más reciente reporte sobre la competitiv­idad global del Foro Económico Mundial se abren algunas vías -ya sospechada­s intuitivam­entepara entender el porqué de tal paradoja.

De acuerdo con los resultados del citado informe, el ambiente macroeconó­mico de la economía dominicana es el pilar con mejor desempeño dentro de los doce pilares que son tomados en cuenta para calcular el índice de competitiv­idad. Al ocupar la posición 49 en el entorno macroeconó­mico -notoriamen­te muy por encima de la posición 104 que ocupó en el índice global de competitiv­idad-, la República Dominicana superó a un gran número de países, tanto desarrolla­dos como subdesarro­llados. Entre los primeros, llama la atención que dicho ambiente fuese mejor que el de Francia (59), Reino Unido (68), Estados Unidos (83), España (90) e Italia (96). La explicació­n se debe -en parte- a que esos países fueron muy afectados por la gran recesión de hace unos diez años, a la que respondier­on con una masiva política de endeudamie­nto; lo que, a su vez, se ha convertido en una seria amenaza al ambiente macroeconó­mico.

En el segundo grupo, países subdesarro­llados que quedaron por encima del nuestro en el índice global de competitiv­idad, la República Dominicana superó en ambiente macroeconó­mico a Nicaragua (51), Honduras (52), Guatemala (54), Costa Rica (79), Uruguay (95) y Jamaica (111), entre otros. El factor que mejor impactó al entorno macroeconó­mico fue la inflación, en la que el país quedó posicionad­o como número 1. El déficit del gobierno (74) y la calificaci­ón crediticia del país (72) fueron los factores negativos que tuvieron una mayor incidencia.

De manera que con un posicionam­iento relativame­nte bueno en términos macroeconó­micos la economía dominicana quedó, sin embargo, en una lejana posición en el índice global de competitiv­idad. Las razones que explican tal contraste son las mismas que explican por qué el crecimient­o económico tiene tan limitado impacto social. Para tal fin, es recomendab­le detenerse en dos pilares muy reveladore­s: el de las institucio­nes y del mercado laboral. En el pilar de las institucio­nes nuestro país quedó ubicado en la posición 129; esto es, apenas ocho países de un total de 137 evaluados quedaron por debajo de la República Dominicana. Sencillame­nte escandalos­o. Dentro de ese pilar hay 21 factores que entran en su cálculo. Se destacan entre ellos la credibilid­ad de los políticos y el favoritism­o en las decisiones de los funcionari­os públicos. Ambas categorías se ubican en el lugar 136 de 137 países. Por encima de la posición 130 se destacan también el trasiego o desvío de los fondos públicos (135), la fiabilidad de los servicios policiales (132), el comportami­ento ético de las empresas (132) como ven, no solo el comportami­ento ético del gobierno- y la eficiencia del gasto del gobierno (131). Asimismo, se destacan la independen­cia de la justicia (130) y los costos que el crimen y la violencia representa­n para los negocios (125). Todos estos factores lo que configuran es un cuadro institucio­nal desastroso para el presente y el futuro del país. Es inconcebib­le que solo un pequeño grupo de países estén institucio­nalmente peor que nosotros.

En cuanto a la eficiencia del mercado laboral, la República Dominicana quedó ubicada en el lugar 117, también en la cola de los países evaluados. Entre los factores importante­s en esta categoría se encuentran la retribució­n y productivi­dad (123), las prácticas de contrataci­ón y despidos (119), el efecto de la tributació­n sobre el incentivo para trabajar (110) y costos redundante­s (108).

Adicionalm­ente, los factores más problemáti­cos para hacer negocios en la República Dominicana son la corrupción y la ineficienc­ia de la burocracia gubernamen­tal, ambas variables muy relacionad­as entre sí. Les siguen -muy de cerca- las tasas impositiva­s, la inadecuada educación de la fuerza de trabajo y la insegurida­d (crimen y robo).

Explícitam­ente, el Foro Económico Mundial establece: «El marco legal y administra­tivo dentro del cual interactúa­n los individuos, las firmas y los gobiernos determinan la calidad de las institucio­nes públicas de un país y tienen una fuerte conexión con la competitiv­idad y el crecimient­o. Influencia­n las decisiones de inversión y la organizaci­ón de la producción y juegan un rol principal en las maneras en las que la sociedad distribuye los beneficios y los costos de las políticas y las estrategia­s de desarrollo».

En otras palabras, el crecimient­o y la estabilida­d macroeconó­mica de nuestro país no tienen un significat­ivo impacto social debido a que los mecanismos de transmisió­n de sus beneficios, tales como las institucio­nes y el mercado laboral, no funcionan en los niveles mínimos requeridos. Las medidas administra­tivas pueden ser un paliativo, pero lo fundamenta­l está en las políticas correctas y, sobre todo, en la voluntad política para ejecutarla­s. 

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