Pautas para gastos

Es evidente que existen duplicidades de funciones en el sector público, pero es preciso evitar creer que las fusiones y supresiones podrían por sí solas corregir las ineficiencias de la gestión gubernamental.

Si en algo todos creemos ser expertos, es en decirle al gobierno en qué, cómo, cuándo y dónde gastar el dinero que recauda o toma prestado. Parte de ese proceso, como hemos visto recientemente, radica en identificar organismos públicos a nuestro entender superfluos, que pueden desaparecer o ser fusionados, generando así cuantiosos ahorros utilizables para otros fines, incluyendo reducir el monto de la deuda pública. Podemos limitarnos con ese propósito a entes como ministerios, comisiones, oficinas y otros de diversa especie y clasificación. Pero podríamos ir más lejos y mencionar reformas de mayor envergadura, como pueden ser fusionar el Senado y la Cámara de Diputados, o reducir el número de provincias y municipios.

Es evidente que existen duplicidades de funciones en el sector público, pero es preciso evitar creer que las fusiones y supresiones podrían por sí solas corregir las ineficiencias de la gestión gubernamental. Al fin y al cabo, tan improductiva puede ser la labor de varias dependencias encargadas de una determinada tarea, como la de una sola con esa función pero con las mismas trabas y deficiencias.

A lo largo de varios años desde esta columna hemos insistido sobre la necesidad de establecer en el sector público mecanismos de evaluación de costos y beneficios. Por carecer de ellos es que el gasto gubernamental no puede medirse según sus resultados. Percibimos síntomas, algunos buenos y otros malos, que abarcan desde impresionantes carreteras, escuelas y hospitales, hasta nóminas excesivas y empleados displicentes que no trabajan. Y de los síntomas sacamos conclusiones, forzosamente subjetivas y coloreadas por nuestras propias preferencias.

El peligro está en que veamos la reconfiguración institucional como una meta en sí misma, dejando de ver que la solución real está en ser capaz de comprobar por sus frutos la efectividad del gasto, independientemente de quién lo lleve a cabo. 