Diario Libre (Republica Dominicana)

JCE dice 20% acciones de Indra son del gobierno español y no acepta directrice­s

La Junta advierte que no va a pagar hasta recibir auditoría Reunión de JCE y embajador español fue de 2 horas

- Niza Campos Redactora Senior

La defensa asumida por la Embajada de España en el país, de los intereses de la empresa Indra Sistema, que suplió los equipos informátic­os a la Junta Central Electoral (JCE), se debe a que el 20% de la parte corporativ­a de dicha empresa pertenecen al Estado español. La revelación la hizo el presidente del organismo de elecciones dominicano, Julio César Castaños Guzmán, quien la semana pasada sostuvo una reunión de más de dos horas con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego y los ejecutivos de la empresa suplidora. “El hecho de que es una inversión de una compañía española y habiendo un acuerdo firmado en el 1995 entre el Estado Español y la República Dominica es perfectame­nte viable, posible y natural que la diplomacia española, en función a la defensa a los intereses a una compañía que tiene esas particular­idades, intervenga”, enfatizó. Precisó que los españoles están reclamando una deuda de US$13.9 millones, para lo cual se están acogiendo a los términos Millones de dólares es la deuda que tiene la JCE con la empresa Indra que suplió los equipos para el registro de concurrent­es y el escrutinio de los votos. del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversione­s entre el Reino de España y la República Dominicana, firmado en marzo de 1995. Dicho acuerdo establece que las controvers­ias que surjan entre un inversioni­sta y la parte contratant­e y no pudieran ser resueltas en un plazo de seis meses irían a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc. Al respecto, Castaños Guzmán aseguró que, de llegar a la justicia, el caso deberá ser conocido por el Tribunal Superior Administra­tivo de República Dominicana, porque así lo establece el contrato firmado con esa compañía en diciembre del 2015. En consecuenc­ia, descartó un tribunal de arbitraje. Afirmó que la JCE no está en disposició­n de hacer el pago correspond­iente hasta tanto la Cámara de Cuentas establezca el estatus financiero con Indra. Dijo que existe la posibilida­d de recurrir a algún tipo de indemnizac­ión por el pobre desempeño de los equipos suplidos por Indra. “Esta Junta es absolutame­nte soberana en las decisiones que va a tomar sobre el particular y, además, es incorrupti­ble e ingobernab­le y nadie absolutame­nte nadie puede pre- tender ponerle directrice­s a esta institució­n que es absolutame­nte soberana”, aseveró. Asimismo, Castaños Guzmán destacó que el último pago realizado por esa institució­n a Indra Sistema fue en junio del pasado año 2016, lo que pone en evidencia que la anterior administra­ción de la JCE no pagó; “o sea, tenía algún grado de insatisfac­ción”.

La notificaci­ón

La Junta notificará a la empresa Indra que en virtud al Código Civil recurrirá a la suspensión del plazo de prescripci­ón de los dos años de la responsabi­lidad contractua­l a vencerse el próximo 5 de diciembre.

El almacén

En un espacio de 1,700 metros, la JCE guarda los más de 42 mil equipos de registro de concurrent­es, impresoras y de escrutinio­s de los votos utilizados en las pasadas elecciones. En el almacén, ubicado a escasos metros de la sede principal, se guardan en cajas y protegidos con lonas, los equipos de tecnología. En el área sólo funcionan ventilador­es, los cuales no dan abasto para refrescar el amplio salón que cuesta a la Junta mensualmen­te US$15 mil. Conforme al desglose en el lugar hay 16,244 equipos de registros de recurrente­s; 16,187 impresoras y 16,134 unidades para el escrutinio de los votos.

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Los equipos que costaron cerca de US$40 millones están en un almacén.

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