REFORMA A LEY CONTRATACIONES PÚBLICAS PREVÉ MÁS SANCIONES

Unas 72,000 empresas participan en procesos de contratos públicos

SD. El anteproyecto prevé un aumento de las sanciones penales a los funcionarios que incidan en las compras estatales y también a los particulares que afecten los procesos.

SANTO DOMINGO. El anteproyecto de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas prevé un aumento de las sanciones penales a los funcionarios que incidan directa o indirectamente en las compras estatales y también a los particulares que afecten los procesos.

En el borrador, que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se indica que las violaciones a la ley conllevarán sanciones penales que oscilarán entre los cinco y los 20 años de prisión mayor. Si un servidor público en el ejercicio de sus funciones interviene “directa o indirectamente en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato” con personas que no están habilitadas para contratar con el Estado, ese funcionario enfrentará un castigo de cinco a 10 años de prisión y multa de 300 a 600 salarios mínimos del sector público, así como su inhabilitación inmediata.

El otro extremo de las sanciones apunta a aquellos particulares que prometan comisiones, dádivas o cualquier otra ventaja para lograr que el funcionario ejecute o se abstenga a favor de esa persona. En ese caso la prisión puede ser de 10 a 20 años y las multas millonarias.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUSA) mostró su apoyo a ese proyecto que, además, aclara términos y distingue los tipos de contratos, los procesos de selección, define los distintos estados de excepción y estructura un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación pública. En este sentido, FINJUS celebra que se excluya de los procesos a quienes hayan sido condenados, en cualquier momento, por delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado.

Además, el borrador legal define reglas especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas como reservar un 30% de las partidas designadas para compras y contrataciones para este tipo de establecimientos. También tendrán prioridad en el pago de las facturas: en un plazo no mayor a 45 días desde la entrega de la factura.

FINJUS también destacó la creación de unidades y comités permanentes en los entes del Estado sometidos a la ley y comisiones de veeduría ciudadana.

El proyecto establece que la ley se aplicaría 18 meses después de promulgarse.

SHUTTERSTOCK El proyecto establece una vacatio legis de 18 meses