Experto plantea sanciones al sector privado

El anteproyecto de reforma a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones conlleva sanciones penales a funcionarios y servidores públicos, las que también deberían aplicarse a particulares o contratistas del sector privado que participe en las acciones ilícitas, consideró el experto en derecho administrativo Rafael Dickson Morales.

A su juicio, se hace necesario establecer procedimientos administrativos donde también existan sanciones de resarcimiento económico rápido y efectivo para que aparte de la consecuencia penal, se establezca en algunos casos.

“Es fundamental que se refuercen los mecanismos de resolución alternativa a los conflictos y controversias que puedan existir en materia de contratación pública y que haya una agencia independiente con técnicos que tengan cierta inamovilidad por periodos para que tomen decisiones en un margen de independencia”, precisó.

Dickson Morales reconoce que el anteproyecto de reforma a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones es un avance a la legislación actual que debe ser saludada y apoya, pero considera que algunos puntos deben ser reforzados y mejorados. “Hay que reforzar el régimen sancionador administrativo para que no solo los servidores públicos, también a las empresas o las contratistas que incurran en ilícitos administrativos tipificados en el anteproyecto o la ley que se vean compelidos a cumplir los procesos a través de la imposición de sanciones administrativas”, aseveró.

Planteó que las infracciones penales deben contemplar mayores sanciones en algunos casos.

Rafael Dickson Morales.