Apoyan Ley 169-14, pero alertan sobre mesa diálogo

Pelegrín Castillo asegura el Gobierno ha vacilado con tema Jurista habla de ilegalidad

SD. Representantes de partidos dieron su apoyo a que el país no ceda a presiones de la CIDH y preserve la Ley 169-14, mientras el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón advirtió sobre las consecuencias de instalar una mesa de trabajo para conocer casos de violaciones.

SANTO DOMINGO. Representantes de partidos políticos se pronunciaron ayer a favor de que el país no ceda ante las presiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y preserve la Ley 169-14, mientras el jurista Juan Miguel Castillo Panta- león advirtió sobre las consecuencias de instalar una mesa de trabajo para conocer casos de violaciones.

Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aseguró que la Ley de Naturalización Especial es el producto de un consenso de todos los poderes, incluyendo al Ejecutivo, y “no debe variarse por presiones injerencistas y foránea... el Gobierno no puede, ni debe ceder".

“Los dominicanos casi de manera unánime rechazamos las exigencias o (sugerencias) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", dijo.

Tony Peña Guaba, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dice estar de acuerdo con el régimen especial, pero estudiando a profundidad los casos.

“La soberanía no puede estar en juego. Hay que respetar las leyes migratorias pero que se haga con justicia y con equidad”, apuntó, mientras también consideró que la legislación no debe modificarse a pesar de entender que debe ser más específica.

Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también señaló que la Ley 169-14 fue el resultado del consenso político y por eso debe ser apoyada y preservada.

Manifestó que se percibe que hay un interés oficial para preservarla.

El punto jurídico

La mesa de trabajo que abrirá la CIDH para recibir y procesar alegadas denuncias de violaciones en el país, es contraria al principio del derecho Internacional de no intervención y constituye un atentado interior, planteó el jurista Castillo Pantaleón.

“El establecimiento de esa ‘mesa de trabajo’ es un desafío al estado de derecho y a la defensa de nuestro orden jurídico interno y a las competencias y capacidades de nuestras instituciones e implícitamente constituyen una insinuación a su desconocimiento por parte de extranjeros en nuestro país”, alertó.

A su juicio, quienes formen parte de esa "mesa" violan el Código Penal vigente.

ARCHIVO Exdiputado Pelegrín Castillo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista.