Diario Libre (Republica Dominicana)
Coerción contra los once implicados caso Los Tres Brazos: 7 irán a prisión
El juez rechazó declarar el caso como complejo A cuatro de los imputados se les impuso fianza y presentación periódica Los jefes de las empresas y el director de CORDE a Najayo
SANTO DOMINGO. Siete de los once imputados por la venta irregular de los terrenos en Los Tres Brazos fueron enviados a la cárcel de Najayo, mientras que el resto fue dejado en libertad por decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas.
Al ponderar la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público, el magistrado decidió imponer tres meses de prisión a Leoncio Almánzar, el exdirector de La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista la Inmobiliaria GOWI; Domingo Geraldo Lebrón y Manuel Aybar, ex gerente inmobiliario de CORDE.
También impuso prisión a los hermanos Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de Infepa; y José de Pool Domimici, principal accionista de TITULATEC.
Al motivar esa decisión, el magistrado expresó que la forma en la que actuaron esos siete imputados indica que procedieron de manera irregular y se constituyeron en asociación de malhechores para cometer estafa.
Pagarán Rd$500mil
Los que fueron dejados en libertad son la Registradora Nacional de Título, Rosabel Castillo; Irving Cruz, quien fue consultor jurídico de CORDE; además de los agrimensores Ana Antonia Ozuna y Hadonis Ruiz. Estos deberán pagar una garantía económica de 500 mil pesos, no podrán salir del país y tendrán que presentarse de manera periódica ante un tribunal todos los lunes de cada mes.
El magistrado consideró que la Registradora Nacional de Títulos, así como los dos agrimensores pudieron haber incurrido en un “error común”, o sea que pudieron haber incurrido en un error de buena fe entendiendo que la venta hecha por CORDE no debió pasar por el Senado de la República para ser aprobada, como lo establecen algunos certificados depositados por los imputados.
El juez de Atención Permanente entiende que el asunto de si el Senado debió aprobar o no la venta de los terrenos, debería ser aclarado por el Tribunal Constitucional, pues eso no quedó claro.