Crisis de confianza en las instituciones políticas y la revolución neoliberal

«La lista de políticos que una vez en los cargos públicos tomaron como función normal del homo economicus hacer dinero para sí mismos (y para sus partidarios) es larga. Conocemos algunos de sus miembros más prominentes, a menudo por error – cuando sus actividades fueron un poco demasiado lejos o cuando fueron incapaces de ocultarlas completamente. Los conocemos a través de los escándalos financieros y a veces por el tiempo en prisión. Por ejemplo, dos de los últimos tres presidentes brasileños están en prisión por soborno. Todos los anteriores cinco presidentes peruanos han sido encarcelados por corrupción, están bajo investigación o son fugitivos de la justicia». Branco Milanovic, The apogee of capitalism and our political malaise, marzo 2019

Recientemente, el director de este diario se refería – en su columna AM – a los planteamientos del ex Economista Senior del Banco Mundial Branco Milanovic, en el sentido de que la sociedad occidental vive una crisis institucional que se manifiesta en la pérdida de credibilidad de las instituciones políticas y de los gobiernos. Milanovic asocia esta crisis al auge del capitalismo y a las teorías neoliberales que desde los 1980 fueron exitosas en caracterizar el espacio político como una extensión del mercado; de esta forma, los políticos, argumenta el autor, son vistos como agentes económicos que promueven sus intereses particulares en la gestión pública.

El problema con esta visión, de acuerdo con Milanovic, es que ha sido sorprendentemente validada, no solo porque los políticos con frecuencia se han comportado en una manera que revela la búsqueda de un interés

personal, sino también – lo que podría ser peor – porque la ciudadanía puede llegar a la conclusión de que ese es un comportamiento normal y esperado de los políticos.

En este contexto, afirma que «Los políticos, en el este y el oeste, en el sur y el norte, han, por tanto, completamente confirmado el ‘imperialismo económico’ neoliberal – la idea de que todas las actividades humanas son conducidas por el deseo del éxito material, que el éxito en hacer dinero es el indicador de nuestro valor social y que la política es simplemente otra línea de negocios». Y se lamenta de que este tipo de abordaje aplicado al quehacer político alimenta el cinismo en la población, ya que «Cada funcionario público entonces es visto como un hipócrita que nos está diciendo que está en la posición porque él está interesado en el bien público, mientras que es claro que él está en la política para alinear sus bolsillos ahora o en el futuro – o, si ya rico, para asegurar que decisiones políticas adversas no sean tomadas contra su ‘imperio’».

Ciertamente, la teoría de la Elección Pública (Public Choice) – con las pioneras contribuciones de James Buchanan y Gordon Tullock – aplica al campo político las mismas herramientas que sirven para evaluar el comportamiento de los individuos en sus transacciones de mercado; esto es, en condiciones generales los individuos actúan motivados por el interés propio; pero el sentido de cooperación hace que muchos individuos incorporen en su interés particular el impacto que sus acciones tienen en los demás. La cooperación como tal puede ser interpretada como necesaria para alcanzar niveles más altos de bienestar social y, por lo tanto, como parte integral del interés individual.

En última instancia, es muy difícil, aunque no imposible, separar las motivaciones que un individuo pudiera tener cuando actúa en la esfera privada versus el mismo individuo actuando en la esfera gubernamental. La teoría de la Elección Pública sirve para explicar esas frecuentes diferencias. En las palabras de Buchanan, esta teoría reemplaza la visión romántica e ilusoria de cómo realmente funciona el gobierno por otra con un mayor contenido de escepticismo. Sobre todo, porque los funcionarios públicos manejan recursos que no son propios – aunque cuando hablan parecen sugerir que están haciendo favores con los recursos de sus bolsillos – y se corre el riesgo de que esos recursos no sean bien utilizados o, en el caso más lamentable, que sean distraídos (robados) para fines personales.

No se le puede atribuir a una teoría, como la señalada, la responsabilidad de que los ciudadanos tengan cada día una menor confianza en las ejecutorias de los gobiernos y, en general, en el funcionamiento de las instituciones públicas; como tampoco se le puede atribuir a Gary Becker la responsabilidad de que la criminalidad haya aumentado, solo porque ese extraordinario economista haya extendido el análisis de mercado al análisis de la conducta criminal.

Las crisis de confianza en las instituciones políticas y en los gobiernos son el resultado de las propias acciones de los gobernantes que se apartan sistemáticamente de lo que juran defender; en la medida que la ciudadanía percibe una amplísima brecha entre el discurso y lo que ocurre en la realidad se va generando una creciente frustración que lleva al cinismo y a la desesperanza. Y esto no puede endilgársele a una supuesta revolución neoliberal, como sugiere Milanovic cuando afirma que la «desconfianza en las elites gubernamentales se debe a la proyección extremadamente exitosa del modo capitalista de comportamiento dentro de las esferas de la actividad humana, incluyendo la política».

La solución no es renegar de la naturaleza humana o evitar la propagación de una teoría que pudiera ser útil para entender el problema; la solución pudiera estar más relacionada con un tamaño apropiado del gobierno – mientras más grande el tamaño del gobierno, mayores oportunidades para la corrupción – y, especialmente, con un sistema judicial que no esté narigoneado por los intereses políticos. Y claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo…