Costo de las elecciones, unificación y habilitación

«Al presidente Danilo Medina lo que le corresponde es concluir su segundo período con el mayor empeño en alcanzar metas de interés nacional […]. La República Dominicana necesita ratificar que sus gobernantes tienen un tiempo limitado de ejercicio, para reducir el presidencialismo, el caudillismo y el providencialismo que desde su fundación han castrado el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cuando se den las condiciones elementales para una ponderada reforma constitucional, debe optarse por mayores requisitos para modificar la temporalidad de los mandatos e instituir el principio de que ningún presidente pueda introducir cambios para su propio beneficio». Juan Bolívar Díaz, Hoy, agosto 1, 2019

Casi siempre, cuando se habla del costo de las elecciones se piensa en el costo de la democracia. Dos costos que mutuamente se retroalimentan. Y, normalmente, el razonamiento concluye que el ejercicio de la democracia es caro; por eso, los fondos para celebrar unas elecciones aparentemente ejemplares, de alguna manera, siempre están disponibles, después que el órgano electoral termina confesándose en el Palacio Nacional, en un ejercicio vano de independencia de los poderes del Estado. En tanto, los partidos políticos, a través de sus congresistas, encontraron que la democracia podía ser aún más cara y se consignaron fondos permanentes, en adición a las contribuciones privadas, legales e ilegales.

Ahora, de repente, se acaba de descubrir que elecciones separadas representan un costo muy alto para la democracia y para el presupuesto nacional, como si esos costos no hubiesen sido previsibles cuando se incluyó en la Constitución

dicha separación. El Ministro de Hacienda ha dicho que la unificación de las elecciones podría significar un ahorro que estaría en el rango de los 4 y 6 mil millones de pesos. Un ahorro nada despreciable, pero insignificante ante el cuantioso dispendio de los recursos públicos, que se estima sobrepasa los 100 mil millones de pesos al año. Son muchas, en consecuencia, las opciones que tiene el Ministerio de Hacienda para incluir en el presupuesto del año venidero las necesidades de la Junta Central Electoral (JCE).

Sin embargo, esto no puede ser interpretado como un endoso, puro y simple, a las necesidades financieras planteadas por la JCE; de hecho, algunas experiencias internacionales podrían servir como referentes para ponderar los denominados costos de la democracia dominicana. Por ejemplo, el presupuesto general de España para las elecciones de este año – incluido el financiamiento a los partidos políticos – era de unos 300 millones de euros, equivalentes a unos 17 mil millones de pesos, para un electorado que es aproximadamente cuatro veces el electorado dominicano. De manera que al órgano electoral de España le cuesta unos 8 euros – aproximadamente, 450 pesos dominicanos – cada potencial voto.

En contraste, en América Latina – tomando en cuenta solo algunas experiencias – el costo por voto para el órgano electoral es mucho más bajo. Según reporta El Comercio – un reputado periódico peruano –, el costo por votante en las últimas elecciones municipales y presidenciales fue de 4.54 dólares, unos 230 pesos dominicanos. Asimismo, establece dicho diario que “En las últimas elecciones presidenciales en Chile, el país del sur invirtió US$58,99 millones para un total de 13,5 millones de personas habilitadas para votar, es decir, US$4,36 por voto. En Colombia, el costo por voto asciende a US$2,04, y en México (que acaba de realizar las elecciones más caras de su historia), a US$16.”

Asimismo, en las pasadas elecciones de El Salvador, su Tribunal Superior Electoral estimó que el costo de votante fue de 5.27 dólares. En el caso de Costa Rica el costo por votante se estimó en cerca de 3 dólares; mientras que en Panamá el costo por votante se estima en unos 8 dólares.

Una salvedad, antes de hacer la comparación. Los datos así presentados requerirían una mayor estandarización para que la comparación sea del todo válida. Pero es una buena aproximación para darnos alguna información útil sobre la dimensión del gasto local en el proceso electoral. La JCE ha planteado un presupuesto de RD$ 8,300 millones, lo que implicaría que por cada votante registrado en el padrón el gasto ascendería a cerca de 23 dólares. Es una cifra muy superior a los 16 dólares en México, y dos veces y media al gasto en Panamá y España. Es, además, cuatro veces el gasto por electores en El Salvador; unas cinco veces el gasto de Perú y de Chile; y unas 10 veces el gasto por elector en Colombia.

Como resalté, se trata de cifras que deben ser evaluadas bajo las circunstancias particulares de cada país; pero es obvio que el gasto local por elector es muy elevado, considerando, además, que el proceso de automatización del voto debe implicar una tendencia a la reducción de dichos costos. Esto merece una evaluación seria sobre la estructura de costos del proceso electoral.

Están perdiendo el tiempo, sin embargo, los que piensan que el debate sobre la unificación de las elecciones es un tema del costo de la democracia o de la incapacidad financiera del gobierno para asignar esos fondos. El tema se reduce a la habilitación del presidente Medina. Suponga, por el momento, un escenario en el que la sociedad, por sus distintos mecanismos, llega a la conclusión de que se debe reformar la Constitución para aprobar todos los puntos propuestos – interés del país – menos el tema de la habilitación – interés particular –, ¿qué pasaría? Si no lo pueden adivinar… simplemente no habría reforma constitucional. Entonces, déjense de hipocresías y esperen que un próximo Congreso Nacional – con mayores niveles de credibilidad, eso esperamos – se aboque a una reforma constitucional sin la prisa de los intereses particulares.