Diario Libre (Republica Dominicana)
Cámaras de vigilancia ponen en evidencia a las autoridades.
Productor agrícola y dueño factoría denuncia fiscal lo allanó sin orden. 80 piden revisar casos
SANTO DOMINGO. La Inspectoría General del Ministerio Público interrogó ayer al padre del peluquero al que supuestamente le colocaron la droga en Villa Vásquez, y también a un hombre al que alegadamente le pagaron para cometer el ilícito.
Al acudir a la Procuraduría General de la República en compañía de los requeridos, el abogado Félix Portes aprovechó para solicitar del Ministerio Público el acta del allanamiento y los nombres de todos los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que actuaron en el procedimiento, mientras que las autoridades de la Inspectoría se comprometieron a ofrecerle la información cuando avancen en la investigación.
Entre los que acudieron a la Procuraduría y fueron interrogados figuran Daniel Disla, a quien supuestamente le pagaron para tirar marihuana cuando acudió a cortarse el pelo a la peluquería. También acudió Máximo Peña, padre del dueño de la peluquería donde ocurrió el hecho, y Kelvin Disla, otro de los afectados. Estos fueron entrevistados durante varias horas.
Portes advirtió que de comprobarse la acción ilegal en contra de los afectados, procederán a someterlos a la Justicia por prevaricación y abuso de autoridad.
El pasado lunes la Dirección Nacional de Control de Drogas suspendió a todos los miembros de esa institución que actuaron durante un allanamiento efectuado el pasado sábado en la noche.
Mientras que en un comunicado la Procuraduría estableció que designó al fiscal Bolívar Sánchez, Inspector General del Ministerio Público, para que amplíe la investigación ya iniciada y determine si la fiscal Núñez actuó apegada a los procedimientos establecidos en las leyes.
Mientras tanto más denuncias sobre la fiscal han comenzado a salir a la luz.
Un testimonio
Un productor agrícola y dueño de una factoría de arroz en el municipio de Castañuelas, en Montecristi, denunció que entre los años 2015 y 2016, la renunciante fiscalizadora Carmen Lisset Núñez le allanó una finca en tres ocasiones sin contar con una orden de un juez.
Jamil Cortés informó a Diario Libre que por esa acción ilegal e irregular presentó una querella contra Núñez y contra la procuradora regional de la Corte de Apelación, Johanna Bejarán, por ante un juez de apellido Montilla, quien luego falleció.
“Nunca me entregaron el resultado de la investigación que abrieron a pesar de que me presenté varias veces al Palacio de Justicia”, subrayó Cortés.
Indicó que la fiscalizadora buscaba en su finca semillas para siembra de arroz ya que, según ella, se habrían comprado violando una disposición de la Junta Agroempresarial.
“Ella entró con un aparataje de agentes policiales buscando dizque semillas ilegales, y lo hizo sin órdenes judiciales”, puntualizó Cortés.
Además dijo que aunque no le exigieron dinero, se comentaba que la fiscalizadora actuaba de esa manera por algún beneficio que recibiría de algunas compañías comercializadoras de las semillas.
Casos de 80 jóvenes
Varios dirigentes comunitarios del municipio de Villa Vásquez exigieron a la Procuraduría General de la República autorizar la revisión de decenas de casos de drogas que mantienen en las cárceles al menos a 80 jóvenes tanto de Villa Vásquez como de otros lugares de Montecristi.