Diario Libre (Republica Dominicana)
La Junta, las telefónicas y la mayoría del Comité Político refutan a Leonel
Julio César Castaños defiende el proceso y le pide que presente pruebas de sus denuncias Claro y Altice certifican que la red funcionó adecuadamente y no se reportó acceso externo Veintiún miembros del Comité Político dicen que las acusaciones de fraude s
SANTO DOMINGO. Con un emplazamiento a que se presenten las pruebas, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, respondió punto por punto los argumentos de fraude que sobre las elecciones primarias alude el expresidente Leonel Fernández.
En rueda de prensa, Castaños Guzmán empezó refutando la versión de que el fuego ocurrido el 21 de julio pasado en uno de los almacenes de la institución sirviera de distracción para la sustracción de las llaves criptógrafas de los equipos del voto automatizado.
“El fuego no tuvo absolutamente nada que ver con los equipos. Esas llaves no existían en ese momento, de manera que se trata de tres cosas, uno o es un error, dos o es una hipótesis fantasiosa o tres es una patraña mendaz y esta institución desmiente categóricamente la posibilidad de una cosa como esa”, enfatizó.
Sostuvo que dos meses después del siniestro, el 21 de septiembre, fue cuando se les introdujo el software clonado a los equipos tecnológicos usados en las primarias.
También negó que las líneas utilizadas para transmitir el día de las elecciones primarias hayan sido perturbadas e informó que, como parte de la transparencia del proceso, pidió a las telefónicas Altice y Claro “una certificación de que si esas líneas fueron perturbadas de manera maliciosa”.
Castaños Guzmán precisó que la historia de las denuncias ha ido cambiando, pues empezó con unos rusos, luego mencionaron a una persona de apellido Gómez y ahora la nueva versión habla de un indio.
“Queremos hacer una advertencia a las personas que están difundiendo y esparciendo esas especies mentirosas que una acusación sin pruebas, es una calumnia, la persona que hacen este tipo de afirmaciones está en el deber y en la obligación de presentar las pruebas”, enfatizó.
Sostuvo que la JCE es la más interesada en que todas las denuncias sean esclarecidas hasta las últimas consecuencias, porque la democracia, el sistema de partido y la ciudadanía, así lo requieren.
Manifestó que la Junta decidió realizar una auditoría forense, no por una manifestación, sino porque estaba ya predeterminado. Se contratará una empresa de renombre internacional, y tildó de especulaciones el costo del experticio.
“Nosotros no tenemos ningún temor a que este proceso sea investigado, auscultado, sea procesado, por supuesto no por cualquiera porque esto no es una romería de reclamantes”, aseveró.
Refirió que la auditoría no “será un muerto a sacar de la sepultura. Ese vivo va a declarar clarito que aquí no pasó nada”, recalcó.
El presidente de la JCE señaló que el sector reclamante primero pidió que se otorgaran cédulas gratis y se complació, luego una auditoría a cargo de universidades y también se cumplió, así como se hizo el conteo manual. Apuntó que también hubo una audiencia para impedir la proclamación de los candidatos.
“Qué más es lo que se quiere, que más”, proclamó al tiempo de señalar que hay que ser justos, equilibrados y considerados.
Asimismo, afirmó que están haciendo su trabajo y que ninguno de sus miembros renunciará al cargo. Dijo que se presentarán a diario a trabajar con la cabeza bien en alto, pues no han hecho nada malo.
Las telefónicas
Las prestadoras de servicios de telecomunicaciones Altice y Claro certificaron ayer que la red privada que pusieron a disposición de la JCE el día de las primarias funcionaron adecuadamente y no se reportó acceso externo.
Ana Figueiredo, CEO de Altice, refirió: “En lo que respecta a nuestra red de telecomunicaciones, los sistemas y equipos que la conforman, hemos podido verificar que los mismos funcionaron adecuadamente”.
Walter Schall, vicepresidente de Ventas y Servicios Clientes Corporativos y Pymes, informó: “Pudimos constatar que no se aprecian indicios que apunten a que fue comprometido el funcionamiento de los equipos que brindan los servicios de conectividad para la red privada utilizada en el proceso electoral”.