Diario Libre (Republica Dominicana)
Grandes compañías tecnológicas han pasado de ofrecer una utopía a vender una distopía
Después de 40 años de la ascendencia del sector privado, el ámbito público está tomando medidas enérgicas en contra de las compañías dominantes
La marea finalmente se ha vuelto contra las grandes compañías tecnológicas. La semana pasada, Twitter prohibió la publicidad política; la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que estaba considerando regulaciones antimonopolio mucho más estrictas; las autoridades de la ciudad de Toronto rechazaron el proyecto Sidewalk de Google; Australia demandó al gigante de las búsquedas por presunto mal uso de los datos de ubicación; y la candidata presidencial estadounidense, Elizabeth Warren, desafió el cabildeo político de Facebook cuando declaró que acabaría con la puerta giratoria entre los negocios y la política si llega a la presidencia.
Ya lo anterior ha tardado mucho en llegar. En los últimos 20 años, las compañías más grandes de Silicon Valley han trazado un arco narrativo desde la utopía hasta la distopía. Han pasado de ser desorganizados innovadores que trabajaban en garajes a capitalistas de vigilancia que lucran con los datos personales y tienen el poder de influir en las elecciones y aplastar incluso a grandes competidores.
Su evolución ha provocado lo que creo será una importante y duradera reacción de políticos y reguladores en todo el mundo. También estamos presenciando tres cambios cruciales que afectarán no sólo a las grandes compañías tecnológicas, sino a todas.
Primero veremos cambios fundamentales en el modelo de negocio de las empresas de plataformas tecnológicas. Las empresas tecnológicas estadounidenses, desde 1996, tienen una responsabilidad limitada de cualquier cosa que los usuarios hagan o digan en sus plataformas. Pero las ramificaciones de eso — desde la manipulación electoral hasta el populismo político y la monetización del odio y la violencia en línea — han creado una negativa reacción pública. El congreso está considerando terminar, o al menos reducir significativamente, esas lagunas legales. Eso obligaría a compañías como Facebook y Google a asumir más responsabilidad por su contenido, como ya lo hacen los grupos de medios tradicionales.
En esta área, la decisión de Twitter de prohibir la publicidad política marca un punto de inflexión. El presidente ejecutivo Jack Dorsey explicó en una serie de tuits de su cuenta personal: “Pagar para aumentar el alcance del discurso político tiene ramificaciones importantes que la infraestructura democrática actual podría no estar lista para manejar. Vale la pena dar un paso atrás y abordar esto”.
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, insistió en que su compañía no haría lo mismo. Pero dudo mucho que el gigante de las redes sociales pueda soportar el tsunami de presión política que se avecina. En una carta dirigida al Sr. Zuckerberg la semana pasada, el senador demócrata Mark Warner, un destacado crítico de las plataformas tecnológicas, instó a Facebook a adoptar políticas similares a las de las redes de cable, que pueden y se niegan a publicar anuncios políticos poco confiables.
La presión refleja un segundo cambio. Durante cuatro décadas, el sector privado ha disfrutado de un auge, pero estamos avanzando hacia una era en la que el sector público ejercerá más control. Muchos de nosotros esperábamos ese cambio después de la crisis financiera de 2008. Pero requirió que sintiéramos el poder abrumador que ejercen los mayores grupos de plataformas tecnológicas para dejar en claro cuán poco competitivo se ha vuelto nuestro sistema de mercado supuestamente libre.
El resultado podría ser leyes más estrictas contra los monopolios y nuevas regulaciones sobre cómo se comparten la riqueza y el poder en la economía digital. El caso de Australia contra Google (uno de los muchos en todo el mundo). El país acusa al gigante de las búsquedas de engañar a los usuarios sobre cómo se recopilaron y usaron los datos personales y su caso no se basa en la ley de privacidad (como lo han hecho muchos casos anteriores) sino en la ley del consumidor, que conlleva sanciones potenciales más altas. Eso indica un movimiento hacia la aplicación de la justicia no sólo en el campo de la privacidad, sino también de la economía.