Diario Libre (Republica Dominicana)
La JCE bajo una fuerte presión a 30 días de elecciones
Suspende impresión de las boletas por fallo TSA Voto automatizado está en veremos
La Junta Central Electoral (JCE) anunció la mañana de este miércoles que se abstendrá de imprimir las boletas electorales a utilizarse en las elecciones municipales del 16 de febrero hasta el viernes a las 10:00 de la mañana cuando el Tribunal Superior Administrativo (TSA) se pronuncie sobre un recurso de revisión en torno al orden de los partidos.
Mario Núñez, director de Elecciones, precisó que acogerán la decisión del tribunal, aun cuando implique modificaciones.
Admitió que la detención provocará retrasos en el calendario, pero que se harán esfuerzos en procura de no afectar el desarrollo del montaje de los comicios.
“La JCE deberá esperar la decisión y la junta hará lo que le corresponda hacer conforme a la Constitución y las leyes”, apuntó.
Indicó que vienen ejecutando un calendario desde septiembre del 2018 de cara a las elecciones municipales.
Se recuerda que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) suspendió hasta este 17 de enero la resolución 34/2019 de la Junta Central Electoral que colocó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en cuarto lugar en el orden de la boleta.
Esto extiende más el proceso de impresión de las boletas hasta que se conozca la medida cautelar, porque la Junta Central Electoral fijó para este miércoles 15 de enero el límite para los cambios en las boletas para acelerar el proceso de montaje de las elecciones del próximo 16 de febrero.
Eduardo Jorge Prats, coordinador del equipo de abogados del PRD, declaró que debido a la demora de la JCE para responder a ese recurso administrativo del PRD y tomando en consideración la inminencia del proceso electoral de febrero, “fue depositada el pasado 27 de diciembre una instancia de solicitud de medida cautelar anticipada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA)”.
Manifestó su “total y absoluto” rechazo al modelo de boletas electorales con el cual “se pretende despojar ilegalmente” a esa organización del número tres que le corresponde de conformidad con los resultados obtenidos en las pasadas elecciones.
Indicó que la resolución del 10 de diciembre de 2019 no tiene fundamento jurídico alguno y viola el principio de seguridad jurídica, confianza legítima y el derecho fundamental a la buena administración partidaria.
Sostuvo que la junta quiere “establecer un criterio totalmente contrario al que tradicionalmente ha sido utilizado, sin que exista ninguna base jurídica ni institucional que justifique dicho cambio de método”.
“Esa actitud del órgano de elecciones pretende ignorar las acciones legales que se han incoado contra la indicada resolución, entre ellas un recurso administrativo contra la Resolución 034/2019, que aún no ha sido respondido”, dijo.