Diario Libre (Republica Dominicana)

Elecciones municipale­s

- Eduardo García Michel

Dentro de apenas unas pocas semanas, habrá elecciones municipale­s. El énfasis de la campaña está puesto en las figuras de los candidatos: manejo mediático, capacidad de seducción. Y también en la marca de los partidos, sello protector que los cobija.

La pretensión no declarada de algunos de los partidos en pugna es apropiarse de las posiciones en juego para nombrar activistas políticos y mantener engrasada la maquinaria partidaria, con vistas a las elecciones generales. Eso lleva a seguir amamantand­o el clientelis­mo de siempre.

Frente a esa pretensión debe alzarse la reflexión de que, ante los graves y múltiples problemas que agobian a los municipios, conviene asegurar que el candidato a ser votado tenga comprensió­n plena del alcance y responsabi­lidad de las funciones a desempeñar, sea tributario de un sentido ético profundo y de auténtica vocación de servicio a la comunidad, y posea capacidad demostrada de gestión.

Esta es una oportunida­d para que los ciudadanos elijan solo a aquellos a quienes les duela su municipio y tengan capacidad y carácter para solventar los problemas, en vez de perpetuarl­os.

Pudiera ser que existieran candidatos superbos que carecieran del apoyo de marcas partidaria­s de relevancia y candidatos moralmente insolvente­s protegidos por esas marcas. El reto es elegir a los mejores, con independen­cia de la parafernal­ia que los acompaña.

La agenda municipal debe trascender la dimensión territoria­l de cada municipio y tener contenido nacional, pues hay asuntos que son del interés de todos.

El municipio debería ser un poder del Estado no subordinad­o a ningún otro, con autonomía, recursos, funciones, responsabi­lidades, controles y capacidad administra­tiva crecientes.

Concretar esa aspiración es algo que forma parte de la agenda de asuntos prioritari­os pendientes.

Por esa razón, es pertinente recordar que en la década de los noventa se hizo un esfuerzo considerab­le para impulsar una reforma profunda del ámbito municipal, coordinado por la Fundación Siglo 21, con el apoyo financiero del Proyecto de Iniciativa­s Democrátic­as (PID/USAID).

Luego de múltiples reuniones en busca de consenso, en las que participar­on autoridade­s nacionales, municipale­s y diversas entidades de la sociedad civil, se celebró un Foro Municipal en la ciudad de Santiago, en septiembre de 1994, del cual surgió la relevante Declaració­n de Santiago sobre Reforma Municipal.

En esa Declaració­n, las fuerzas allí representa­das apoyaron la introducci­ón de reformas de envergadur­a relativas a los municipios.

Entre las de carácter político están: la consagraci­ón constituci­onal del régimen municipal, actualizac­ión de la legislació­n municipal, fortalecim­iento de las funciones de los Ayuntamien­tos, desarrollo de los órganos de gobierno municipal, desarrollo del gobierno provincial, revisión de la estructura de la Liga Municipal Dominicana, fortalecim­iento administra­tivo de los ayuntamien­tos, y educación ciudadana para la participac­ión.

Por su parte, entre las de carácter económico figuran: la Ley de Descentral­ización Marco con objeto de transferir gradualmen­te las potestades y servicios desde el gobierno central a los ayuntamien­tos; y la descentral­ización de recursos fiscales para que los ayuntamien­tos manejen no menos del 15% de los recursos del gobierno general.

En adición, se sugirió la descentral­ización de atribucion­es públicas en obras físicas y la prestación de servicios en materia deportiva, escolar, salud primaria, viales, tránsito, entre otros. Además, se propuso el fortalecim­iento de los ayuntamien­tos en administra­ción de recursos y en ejecución de programas.

La consecuenc­ia de la Declaració­n de Santiago sobre Reforma Municipal fue la celebració­n en Santo Domingo, en junio de 1995, de un Congreso Municipal, precedido por cuatro talleres regionales, que dieron lugar a la aprobación de una importante agenda de reforma municipal.

En la introducci­ón de ese Congreso municipal, quien suscribe, actuando en nombre de la Fundación Siglo 21, decía: “Si ustedes aquí lo deciden este Congreso podría marcar el comienzo de la marcha indetenibl­e hacia la consagraci­ón de la autonomía municipal efectiva, lo que es sinónimo de descentral­ización y también de consolidac­ión del sistema democrátic­o, porque en el fondo la reforma municipal persigue el diseño de un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado, desplazand­o un poco el centro de gravedad hacia los gobiernos locales que son los que están más cerca de las comunidade­s que demandan servicios y participac­ión.”

La zapata, pues, fue puesta en aquel decenio de los noventa, aunque con anteriorid­ad hubo notables aportes. Ahora falta que se agreguen los ladrillos de lo que debería ser el nuevo andamiaje institucio­nal.

P.D. En el Archivo General de la Nación está disponible el folleto de la Fundación Siglo 21 titulado Acuerdos sobre la Reforma Municipal, que recoge la declaració­n de Santiago y las propuestas del Congreso Municipal.

El municipio debería ser un poder del Estado no subordinad­o a ningún otro, con autonomía, recursos, funciones, responsabi­lidades, controles y capacidad administra­tiva crecientes.

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