Una Nueva Municipalidad (2)

La construcción de una democracia tiene como una de sus condiciones el fortalecimiento del poder local. Por tanto un Estado centralizado, personalizado en un único mando no es democrático, no importa que formalmente haya separación de poderes y estos estén alojados en sedes lujosas.

El hecho es que las personas, antes que ciudadanos de un país, son munícipes y como tales están bajo la esfera inmediata de las competencias del gobierno municipal. Es en una vivienda, de una calle, de un barrio o comunidad, ubicada en un municipio, en donde las personas desenvuelven el grueso de sus vidas. Es ahí, en ese punto del territorio, donde cada uno tiene acceso o le son negados sus derechos y el acceso a servicios básicos.

Hemos proclamado, como parte integral del necesario cambio democrático, la necesidad de una nueva municipalidad que fortalezca al poder local, amplíe sus competencias y garantice servicios básicos que sean prestados con eficiencia.

El principal obstáculo que impide en el país el fortalecimiento del poder municipal es la concentración del poder y de los recursos que en su provecho hace el Poder Ejecutivo. Desde la fundación de la República Dominicana es marcada la tendencia al presidencialismo. La aspiración de Juan Pablo Duarte, expresada en su proyecto de Constitución, de hacer del poder municipal el cuarto poder del Estado, ha sido ignorada a lo largo de toda nuestra existencia como nación independiente.

Es notorio que el Poder Ejecutivo continua sustrayendo a los ayuntamientos sus competencias naturales. Los casos más recientes son la nueva ley sobre viabilidad y tránsito terrestre que transfiere parte de las competencias del municipio en esta materia al nuevo órgano de dirección del tránsito, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Otro caso es el programa “Dominicana Limpia”, restándole competencias a los ayuntamientos en una de sus áreas de servicios como es el manejo de los desechos sólidos.

La nueva municipalidad asume no solo que los ayuntamientos deben recuperar sus competencias naturales, sino ampliarlas, articulándose con el conjunto de ministerios y programas que se desarrollan en su territorio.

Es inaceptable que el gobierno municipal esté ausente y no participe con el sistema de educación pública y privada respecto de las campañas contra la deserción escolar o contra el analfabetismo. Asimismo, los ayuntamientos tienen que estar insertados en las campañas que desarrolla en su territorio el Ministerio de Salud Pública para la prevención de las enfermedades, el embarazo en adolescente o, aun más, en una estrategia contra la violencia y discriminación que se ejerce en perjuicio de la mujer.

De igual modo, la escuela y los colegios no pueden estar ausentes de las campañas que se implementen desde el gobierno municipal para el reciclaje de los desechos sólidos, de la protección del medio ambiente, de la educación vial, para solo mencionar algunos casos.

Ahora bien, los ayuntamientos difícilmente puedan aumentar sus competencias con los exiguos recursos que reciben del presupuesto nacional. En los últimos dos años, lo entregado a los 158 municipios y los 235 Distritos Municipales fue menos del 3% del presupuesto nacional, mientras el Poder Ejecutivo y sus ministerios concentraron más del 95%. La excusa que se da siempre es que si se entregara un porcentaje mayor, en esa proporción aumentaría el despilfarro, el clientelismo y la corrupción en los cabildos, como si en el país no hubiera leyes y autoridades con competencia para investigar, perseguir y castigar los que se apropian de recursos públicos.

Los ayuntamientos están pues atrapados. No se le entrega el 10% del presupuesto que dispone la ley por ser ineficientes. A su vez son ineficientes porque no reciben los recursos suficientes para poder brindar servicios de mejor calidad. Se trata de un falso dilema. Existen los medios para hacer que los ayuntamientos manejen con transparencia sus recursos y que rindan cuentas, empezando porque tienen obligación de dar cumplimiento a la ley sobre libre acceso a la información pública y deben ser auditados por la Cámara de Cuentas.

El aumento gradual de sus competencias y del presupuesto tiene que darse a la par de asumir compromisos para desarrollar buenas prácticas de gestión y haciendo además que respeten los porcentajes dispuestos por la ley para inversiones de infraestructura y gastos administrativos. Además, hay que darle plena vigencia a la ley de carrera administrativa a nivel municipal y hacer que el ingreso sea por concurso público y oposiciones.

En un país con algo más de 48 mil kilómetros cuadrados, dividido en 393 demarcaciones municipales, es sencillamente imposible poder aplicar políticas municipales encerrando a los ayuntamientos en la frontera de sus municipios. Hay pues la necesidad de impulsar, la coordinación de las regiones y las mancomunidades de municipios. En por lo menos cuatro grandes temas de la competencia municipal es necesario la planificación y ejecución regional. Estas son: el ordenamiento territorial, la preservación del medio ambiente, el manejo integral de los desechos sólidos y la movilidad urbana e interurbana.

Hemos proclamado, como parte integral del necesario cambio democrático, la necesidad de una nueva municipalidad que fortalezca al poder local, amplíe sus competencias y garantice servicios básicos que sean prestados con eficiencia.