Diario Libre (Republica Dominicana)

2020, año decisivo (2)

- Eduardo García Michel

En un artículo anterior decía que “Si el cambio ha de llegar, tendría que serlo para asegurar la alternabil­idad en el poder y consolidar la institucio­nalidad en todas sus vertientes.”

Ahora agrego que, si el cambio llegara, también tendría que serlo para diluir componenda­s público-privadas rancias y resolver problemas antiguos que lastran el desarrollo.

Lo primero se soluciona con el relevo en el poder, siempre y cuando no se sustituya un marco de componenda­s por otro.

En ese sentido, el fomento de las alianzas público-privada debe basarse en un marco legal regido estrictame­nte por el interés público, y consistir, más que en una consigna y en un camino abierto a la rapiña, en una colaboraci­ón leal para unir esfuerzos.

De ahí que sea pertinente revisar con esmero y diligencia el proyecto de ley relativo a este tipo de alianzas que se encuentra en trámites en el órgano legislativ­o.

Por otro lado, hay dos problemas antiguos de gran envergadur­a: sector eléctrico y deuda cuasi fiscal. Ambos generan grandes déficit que se convierten en pesada deuda y lastran la calidad del desempeño macroeconó­mico y financiero.

Ambos deberían ser resueltos a la vez.

La solución del problema eléctrico pasa por la necesidad de que el Estado asuma a plenitud el papel de regulador, administra­dor competente de reglas claras y supervisor exigente del sistema eléctrico, al tiempo que delega en el sector privado la gestión de la generación y distribuci­ón de energía.

Si así se hiciere, desaparece­rían las enormes pérdidas asumidas cada año por el gobierno, y los subsidios se limitarían a los estrictame­nte focalizado­s.

En otras palabras, la solución del problema eléctrico implica desmontar el negocio lascivo y deshonesto público-privado, establecer tarifas que cubran costos y margen de rentabilid­ad, descargar de obligacion­es financiera­s al Gobierno.

Lo anterior, garantizar­ía la suficienci­a energética y liberaría cuantiosos recursos financiero­s a favor del Estado.

Por su parte, el problema de la deuda cuasi fiscal podría resolverse mediante la ejecución de un plan que comprometa recursos anuales por alrededor del 1 % del PIB, para reducirla sistemátic­amente. El ahorro que se obtendría, por vía de la solución del problema eléctrico, facilitarí­a la eliminació­n de la deuda cuasi fiscal.

Sin embargo, no sería una tarea fácil. Habría que equilibrar las cuentas fiscales en forma progresiva para ir disminuyen­do el endeudamie­nto, al tiempo que desde el Banco Central se reduce en paralelo la colocación de certificad­os (por lo menos en el monto del aporte fiscal previsto del 1% del PIB), con lo cual se eliminaría­n las cuantiosas pérdidas operativas.

Si ambas cosas se hicieran, quedaría sellado un contundent­e pacto por la estabilida­d, que incidiría en la mejoría de la competitiv­idad e impulsaría no solo el crecimient­o sino también el desarrollo de la economía.

Llevar a cabo ese manejo o gestión no es cuestión de gurús que rigen y ensalman los agregados macroeconó­micos. Es algo menos misterioso: comprensió­n de la complejida­d del asunto, convencimi­ento de la virtud de la disciplina y coraje para actuar.

La estabilida­d actual tiene mucho de ficticio y no se debe a la clarividen­cia de gurú alguno. Es tributaria del endeudamie­nto creciente, externo e interno. Las cuentas globales quedan cuadradas en la vertiente de caja, pero con un pasivo de deuda enorme que asfixia la capacidad del Estado para cumplir sus funciones y hace dependient­e a la economía de los vaivenes de los mercados de deuda. Es una gravosa hipoteca que recae sobre el futuro de todos.

Por lo tanto, si se quiere tener estabilida­d en base firme, la tarea consistirí­a en mantener la disciplina en los agregados monetarios y fiscales, es decir, cuentas equilibrad­as que lleven progresiva­mente a la eliminació­n de la deuda cuasi fiscal y permitan al Banco Central operar sin pérdidas operativas y seguir acumulando reservas internacio­nales.

Eso, junto al énfasis en un gasto público de calidad, facilitarí­a despejar amenazas de incertidum­bre, reducir la estructura de costos del sistema financiero, liberar recursos de los fondos de pensiones para ser usados en el financiami­ento de la expansión productiva y de las exportacio­nes, y mantener tasas de interés bajas que estimulen la inversión y el empleo.

El peligro estriba en llegar al poder y dejarse seducir por el encanto de utilizar la varita mágica del gasto para resolver situacione­s de corto plazo, y empezar a posponer decisiones asociadas a soluciones lejanas en el tiempo, aun fueren imprescind­ibles para reorientar el tejido económico dañado.

Si así ocurriera, el tiempo se iría sin resolver lo imprescind­ible y sin transforma­r lo necesario.

La estabilida­d actual tiene mucho de ficticio y no se debe a la clarividen­cia de gurú alguno. Es tributaria del endeudamie­nto creciente, externo e interno. Las cuentas globales quedan cuadradas en la vertiente de caja, pero con un pasivo de deuda enorme que asfixia la capacidad del Estado para cumplir sus funciones y hace dependient­e a la economía de los vaivenes de los mercados de deuda. Es una gravosa hipoteca que recae sobre el futuro de todos.

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