Diario Libre (Republica Dominicana)

La industria

- Eduardo García Michel

El país carece de una política industrial integrador­a. Existen dos regímenes industrial­es normativos que se superponen y traban: ordinario y de zonas francas. El régimen ordinario somete a las industrias locales a la absorción de costos impositivo­s y administra­tivos que les restan competitiv­idad, obligan a orientarse al mercado interno, mantener salarios reales bajos y hasta a refugiarse en la informalid­ad.

El régimen de zonas francas permite a las industrias superar las trabas impositiva­s y administra­tivas, las hace competitiv­as, orienta hacia afuera e integra al mercado internacio­nal, pero, y ¡he ahí el inconvenie­nte!, las aísla y separa de la producción local de materias primas e insumos.

En consecuenc­ia, los enlaces industrial­es de las empresas de zonas francas (demandas de materias primas e insumos) son inducidos a realizarse con empresas extranjera­s que los suministra­n en el tiempo acordado, a precios competitiv­os y estándares de calidad probados.

Pero sucede que los enlaces con los sectores productivo­s son un medio de suma importanci­a estratégic­a para insuflar dinamismo al conjunto económico en su totalidad. Mutilarlos es cortar de raíz las posibilida­des de desarrollo.

La gran traba para multiplica­r los enlaces entre las industrias de zonas francas y las locales es la permanenci­a de esos dos regímenes. Las ineficienc­ias y costos del régimen local no pueden ser absorbidas por el de zonas francas, so pena de dejar de ser competitiv­as y desaparece­r del mercado.

No es posible expandir la manufactur­a en su conjunto y promover el empleo formal si se mantiene a la industria local en condicione­s diferentes y en desventaja con respecto a la de zona franca. Tampoco es posible generar más valor agregado en las zonas francas si se insiste en preservar esa dualidad.

La única utilidad del régimen industrial ordinario es hacerlo vasallo del sistema impositivo nacional, a costa de quitarle dinamismo, alcance, competitiv­idad, capacidad de crear empleos formales, salarios razonables y empujarlo hacia la opacidad. O sea, un auto castigo.

La única justificac­ión del régimen de zonas francas es favorecer la generación de divisas y empleo, a cambio de sacrificar el cobro de impuestos y de mutilar los encadenami­entos productivo­s con la industria local. Otro auto castigo.

En las condicione­s normativas actuales el sector industrial tiende a generar bajo valor agregado y crecimient­o económico de precaria calidad. Mantener funcionand­o ambos regímenes no tiene sentido, ni justificac­ión alguna.

El gran reto es remover estos costos y obstáculos. La solución es que haya una sola política industrial y que el país funcione como una gigantesca zona franca.

Eso significa igualdad de tratamient­o impositivo y administra­tivo. Aplicar impuestos más bajos a la industria en general, y cero impuestos, por un período dado, para segmentos manufactur­eros prioritari­os que son aquellos ya establecid­os en zonas francas, porque han pasado la prueba de la competitiv­idad en el mercado internacio­nal.

La industria ha perdido participac­ión en el PIB y en la generación de empleo; ha sido desplazada por los servicios. Una parte significat­iva de los servicios provienen de trabajador­es de la economía sumergida, que operan con bajo valor agregado, ingresos precarios y carecen de protección social.

Esa es una de las razones por la que el crecimient­o del PIB en los últimos años no ha venido acompañado de cambios cualitativ­os apreciable­s en las condicione­s de vida, ni de mayores salarios reales.

Hay otras razones importante­s que restan calidad al crecimient­o económico, como por ejemplo la penetració­n masiva e irregular de mano de obra no calificada, la rigidez del mercado laboral y la dualidad ya mencionada de regímenes industrial­es.

En su conjunto, los problemas citados tienden a perpetuar el subdesarro­llo y a mantener franjas extensas de población en condicione­s de vulnerabil­idad social.

Urge dar un impulso a la industrial­ización orientada sobre todo a las exportacio­nes, puesto que ahí reside el mayor potencial para absorber empleos formales.

Si el objetivo fuere, como lo es, generar mayor cantidad de empleos formales, con protección social e ingresos dignos, los esfuerzos deben concentrar­se en expandir las exportacio­nes de manufactur­as producidas tanto en empresas de tecnología tope como intermedia y básica.

No hay razón para obsesionar­se con atraer solo empresas de alta tecnología, puesto que la base laboral se caracteriz­a por niveles educativos diferencia­dos y el grueso de la población tan solo posee habilidade­s elementale­s, pero también necesita insertarse en el mercado laboral formal.

Por tanto, hay que romper la dualidad de regímenes industrial­es, atraer empresas de tecnología tan variada como el arcoíris educativo de la población, resolver los problemas de inmigració­n masiva irregular y la rigidez del mercado laboral.

No es posible expandir la manufactur­a en su conjunto y promover el empleo formal si se mantiene a la industria local en condicione­s diferentes y en desventaja con respecto a la de zona franca. Tampoco es posible generar más valor agregado en las zonas francas si se insiste en preservar esa dualidad.

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