Los notables contratistas

El esquema de sus operaciones propone pocas innovaciones: responde al mismo formato desde los tiempos de Balaguer; lo que ha cambiado es el irrespeto a las cifras. Hoy emerge como una casta poderosa fraguada en la economía del poder. Son los grandes contratistas del Estado: ricos de primera generación y con influencias sobradas en todos los gobiernos. Algunos no alcanzan ni los sesenta años y ya le dan portada a Forbes, tutean a los gobernantes y mandan al carajo a los funcionarios.

Hace apenas tres decenios eran muchachos de vida anodina, teóricos izquierdosos o activistas corrientes; hoy explotan fortunas obscenas. Su negocio es el Estado. Son pupilos de todos los gobiernos y no precisamente por su responsabilidad social, sino por la concentración oligopólica de activos estratégicos, por sus dominios del poder, por el control de medios de comunicación, pero sobre todo por sus inversiones electorales. Una vez instalados en el Gobierno, los beneficiarios de sus “donaciones”, convertidos en presidentes, reciben en contrapartida las temerarias facturas que centuplican por miles sus aportes. El negocio es redondo y lo paga el Estado con los tributos de todos.

Los operadores de las grandes contrataciones del Estado constituyen la clase económica de mayor rotación social en la historia dominicana y gozan de la indemnidad que les aporta la condición de “empresarios” en una sociedad que a diario condena la corrupción de los políticos en tanto exculpa a los empresarios, asumidos como santuarios de su devoción social.

Escasean los suspiros para admirarlos, ya que el mérito de esos contratistas no es precisamente el balance más notable de sus carreras; más bien la acrobática destreza para burlar las contrataciones públicas. Más que emprendimientos, sus negocios son oportunismos premiados. Tampoco hay que hacer disecciones forenses para descubrir los patrones de fraude que articulan sus operaciones: tramas reconocidas como marcas en nuestra vieja cultura de corrupción pública. Las hay de todo tipo; tantas, que contratistas de tradición en el negocio político de las licitaciones las tienen prefabricadas. ¡Pan comido!

El modelo más exitoso de enriquecimiento a través de las contrataciones viene de la mano del presidente de turno, quien actúa por omisión consciente y a través de una triangulación de intereses. Como los presidentes no se lucran personalmente, lo hacen a través de sus a quienes colocan en los ministerios con mayores presupuestos. Un expresidente me confesó en cierta ocasión que, en una economía tan concentrada como la nuestra, ninguna obra de más cien millones de pesos, en ese entonces, podía escapar al control del Ejecutivo. De hecho, Joaquín Balaguer llevaba un registro manual de sus ejecuciones y negociaba de memoria las cubicaciones. Del otro lado están los grandes contratistas, que, dependiendo del calado de la obra o del servicio, pueden ser empresas de parapetos o sólidamente establecidas en el negocio de las adjudicaciones. Estas últimas conocen las mil maneras y una más para pasar los tamices más finos de las licitaciones; tanto, que las ganan antes de ser seleccionadas. Sus fraudes, contados como gracias o pericias empresariales, son tan frecuentes que hoy tipifican prácticas tan usuales como estas: a) adecuar las especificaciones o los términos de referencia a las cualificaciones de un determinado licitador (especificaciones pactadas); b) filtrar datos confidenciales a uno de los licitantes para que presente la mejor propuesta técnica o financiera; c) manipular las ofertas por parte del personal de contratación; d) dividir las compras para evitar los umbrales de una licitación competitiva; e) realizar ofertas colusorias (mediante acuerdos convenidos entre varios licitadores vinculados) para suprimir o rotar ofertas o repartir mercados; f) crear y proponer licitadores ficticios con ofertas infladas para que la real gane por mejor precio o presupuesto; y mil diabluras más. Y es que cuando el agente o el oficial licitador tienen intereses particulares en el proceso no hay manera de que los resultados sean distintos. Eso lo saben muy bien los grandes contratistas. Es un inframundo oscuro, poblado de urdimbres, trapisondas y deslealtades donde nadie confía en nadie y todos “buscan lo suyo”.

Lo que sigue es el soborno, cuyo monto tarifado puede llegar, en algunos casos, hasta un cincuenta por ciento según la escala de las sobrevaluaciones. El funcionario concernido se convierte de este modo en testaferro del presidente y disfraza el capital originario a través de los clásicos esquemas piramidales de control societario diseñados en jurisdicciones offshore, en banca privada internacional o en inversiones locales con fortunas de tradición. Los notables contratistas, en cambio, no tienen esos apuros ni precisan de tales arquitecturas legales o trasiegos financieros: su negocio es aparentemente lícito, políticamente blindado y socialmente aclamado como logro meritorio del capitalismo solidario o modelo del “éxito empresarial más acrisolado”, según las melindrosas crónicas de la prensa rosa.

Ninguna empresa extranjera desconoce el del oligopolio de las grandes contrataciones de obras en la República Dominicana ni ignora los mecanismos de filtración a los frágiles sistemas de licitación. Odebrecht tampoco vino a enseñarnos, como para presumir cándidamente que las empresas locales, consorciadas o no, fueron sorprendidas en su buena fe o se mantuvieron a las orillas de sus tratativas. No somos Suiza ni habitamos borregos. Las locales manejan el statu quo, dominan las relaciones de poder, las prácticas de penetración y los estribores del sistema. Pero, además, en los indicadores internacionales sobre los sobornos y las prácticas opacas en las contrataciones públicas la República Dominicana despunta en posiciones cimeras. En ese campo la presunción debe ser la sospecha y no la inocencia. Punto.

Los notables contratistas son intocables; conocen las flaquezas de los gobernantes o funcionarios: sus indulgencias y tratos. Esa reserva vale más que su fortuna: es el candado de su impunidad y la llave para participar de forma imperativa en los grandes negocios de cualquier gobierno. No hay motivo que convoque más solidaridad política que la mancha a la reputación de un noble contratista; es de las pocas razones que ponen en acuerdo a todos los políticos, y es que detrás de esa facha penden muchos prestigios de celofán que en cualquier descuido pueden rodar como caen las piezas del dominó.

Es obvio que en todo este desarrollo no aludo ni por asomo a las miles de empresas que en buena lid licitan como manda la ley, víctimas, en la mayoría de los casos, de la competencia desleal de quienes tienen el oligopolio de las adjudicaciones de las grandes obras. Algunas deben conformarse apenas con la subcontratación de servicios por parte de los oligopolios; otras no soportan el trauma y jamás vuelven a un concurso público.

Este nuevo gobierno tiene en sus manos las llaves para romper o continuar con un sistema concentrado, privilegiado y opaco. En esa intención debe poner sus más firmes esfuerzos porque si les deja espacios para sus prácticas, los funcionarios empezarán a caer en sus trampas. Creo en las determinaciones de esta Administración por un modelo de gestión transparente y abierto. La transparencia no le interesa ni le conviene a todo el mundo, y ese núcleo que controla el mercado de las grandes contrataciones públicas tiene la fuerza y los medios para tumbar el pulso. Ojalá se tropiece con buenos músculos. ●