Diario Libre (Republica Dominicana)
Legalización de actas se acerca a su final en RD
Usuarios deben desplazarse a otras provincias para legalizar actas en una de siete oficialías
Los ciudadanos enfrentan dificultades para la legalización de actas del estado civil. Especialistas dicen que es un requisito innecesario y abogan por su eliminación.
Decenas de ciudadanos se forman cada mañana en las filas de la Oficialía Central del Estado Civil ubicada en el sector La Feria del Distrito Nacional para legalizar actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio y de divorcio que les entrega la misma Junta Central Electoral (JCE) en el mismo edificio. Un ciudadano explicó que fue a una oficialía en Gazcue y obtuvo el documento, pero allí le dijeron que no legalizaban, por lo que tuvo que dirigirse a La Feria.
En el caso de los capitalinos, también puden legalizar las actas en una oficialía ubicada en la Carretera Mella de Santo Domingo Este. Pero aquellos que no viven en Santo Domingo apenas tienen cinco oficinas distribuidas en el resto del territorio nacional que ofrecen el servicio.
De acuerdo con datos de la Oficina de Libre Acceso a la Información de la JCE, en la Región Sur solamente se puede legalizar en oficialías localizadas en Azua y en Barahona, los que viven en la Región Norte pueden hacerlo en Santiago de los Caballeros o en Valverde, y los habitantes de la Región Este únicamente en La Romana.
Cumplir con ese requisito es una ineludible tarea para aquellos que quieren obtener un exequatur, un pasaporte, inscribirse en una universidad privada y muchos otros trámites.
En la oficialía de La Feria los usuarios esperan el turno para obtener el acta, hacen una fila para pagar la tarifa y recibir los sellos, se forman en otra fila para depositar el documento para legalizarlo y vuelven al día siguiente a hacer otra fila para retirarlo.
El costo para actas inextensas es de RD$500 y RD$400 si es un extracto.
Misión imposible
Rectificar un acta de nacimiento o conseguir actas de nacimiento y de defunción tardías es misión imposible para muchos ciudadanos que ven pasar hasta diez años dando viajes sin lograr su propósito. Algunos que asisten a buscar este servicio dicen estar cansados de viajar a distintas instituciones a realizar trámites.
Explican que cada día la oficialía de La Feria reparte 30 tickets con números escritos en cartulina para los únicos que serán atendidos en esa jornada. Para alcanzar uno, deben llegar temprano y disponer de gran parte del día en la espera.
¿Por qué legalizar?
Las razones que motivaron a muchas instituciones públicas y privadas a exigir que las actas del estado civil estén legalizadas por la misma JCE que las emite ya no tiene mucho sentido, según ponderó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa.
El exmagistrado explicó que la idea de legalizar esos documentos surgió en una época en la que las oficialías del estado civil estaban muy cuestionadas. Esa práctica se extendió a los notarios públicos que, ante la falta de crédito de muchos de ellos, el Registrador de Títulos del Distrito Nacional también empezó a exigir que sus firmas fueran legalizadas en la Procuraduría General de la República, agregó.
Subero Isa sugiere esperar a que la JCE decida qué procedimiento usará para variar esa práctica, luego de que el pleno anunciara que iniciará un proyecto para eliminarla.
El diputado Pedro Botello, quien ha propuesto un proyecto de modificación de dicha ley con el propósito de agilizar el proceso de rectificación de actas, entiende que una disposición de la JCE sería suficiente ya que la figura de la “legalización” no existe en la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.
El Manual del Oficial del Estado Civil de la JCE establece que la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en el Distrito Nacional, esté a cargo de autenticar o legalizar las firmas estampadas por los oficiales del estado civil.
Opinión de Finjus.
El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, valoró la legalización de actas del estado civil como una duplicación de trámites, pues obliga a que la propia institución que las emite deba ratificar su fe pública.
Castaños Guzmán considera que ese mecanismo complejiza la obtención de documentos de importancia mayúscula, vinculados al disfrute de derechos fundamentales.