Diario Libre (Republica Dominicana)
La Pepca encontró miles de evidencias de “maquillaje de auditorías”
● Documentos fueron sacados en cajas, antes de ser clasificados y colocados en fundas ● En la requisa participaron al menos 150 uniformados, miembros del Inacif y 23 fiscales
SD. En un hecho sin precedentes en la República Dominicana, el Ministerio Público allanó por casi 12 horas las instalaciones de la Cámara de Cuentas (CC), cargando con documentos y registros contables relacionados a una investigación por obstrucción a la justicia y otros cargos.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que durante el allanamiento a la institución encargada de fiscalizar a las instituciones gubernamentales encontraron “miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones, que a nuestro juicio han cometido actos contrarios a la ley”.
“La Cámara de Cuentas ha sido parte del problema, y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario”, dijo Camacho al salir de la institución, en la que ya, varios de sus miembros han sido interrogados.
Las requisas forman parte de la denominada Operación Caracol que desde hace meses pusieron en marcha la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El organismo, encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, es investigado por delitos de obstrucción a la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Camacho reveló que él y el equipo de 23 fiscales encontraron auditorías alteradas que fueron maquilladas para favorecer algunas instituciones del Estado. De los departamentos de esa entidad fueron sacados dos camiones de documentos almacenados en grandes contenedores plásticos, para ser llevados a la Procuraduría.
“Todas las acciones son consecuencias de las evidencias y de que se cumpla el ciclo de la investigación. Si la investigación indica que tenemos que hacer arrestos, lo haremos cuando sea oportuno”, explicó el magistrado, quien también se negó a decir cuáles han sido las instituciones estatales favorecidas.
La llegada de los representantes del Ministerio Público y al menos 150 uniformados a la Cámara de Cuentas provocó un gran revuelo en la opinión pública. La sede fue militarizada y acordonada, se prohibió la entrada de los empleados y del público en general, solo era requerido el personal que figuraba en una lista y que de inmediato pasaría a ser interrogado.
Las oficinas tanto de los miembros titulares, como direcciones y otros departamentos que se involucran en la realización y tramitación de las auditorías fueron requisadas. Los papeles habían sido compilados y clasificados en fundas plásticas debidamente selladas y colocadas en cajas negras plásticas con tapas amarillas que fueron sacadas bajo custodia de la edificación.
Hugo Álvarez sonríe
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, salió justo después de que se llevaron todos los contenedores repletos de documentos de la entidad que dirige. El funcionario solo se limitó a decir: “Hablamos mañana”, al tiempo que abría y cerraba los cristales de su vehículo.
El allanamiento también fue encabezado por la directora de Persecución, Yeni Berenice, junto al amplio equipo de fiscales que se encargó de salvaguardar las informaciones que buscaba el Ministerio Público en el organismo.
Además de Hugo Álvarez Pérez integran la Cámara de Cuentas Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.
Los miembros del pleno y varios funcionarios del órgano son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 13311, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
Desde el 2018 los actuales miembros estuvieron en el centro de los debate por un aumento de sus sueldos y por su poca colaboración en las auditorías a Odebrecht.