Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (12)

OPERACIÓN ANTIPULPO. LOS HECHOS. La Procuraduría General de la República, en la madrugada del 29 de noviembre de 2020 realizó allanamientos, apresamientos y apoderó al Juez de la Instrucción, Mag. Juan José Vargas, para conocer medidas de coerción contra los imputados en lo que denominó “Operación Antipulpo”.

IMPUTADOS Y VIOLACIONES PENALES. El expediente identifica a Alexis Medina Sánchez como cabeza de un entramado empresarial de corrupción, en los gobiernos de su hermano Danilo Medina (2012-2020), periodo en que recibió pagos ascendentes a más de RD$4,000 millones, para lo cual traficó con influencias en ministerio y negocios del Estado, manipuló licitaciones, cometió estafa, desfalco, falsedad, prevaricación, coalición de funcionarios, lavado de activos, utilizando como testaferros a personas físicas y jurídicas.

En el expediente figuran como coimputados Carmen Magaly Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina. Desde la función que ocupaba, vicepresidenta del Fonper. Se coaligó con Fernando Rosa para facilitar contrataciones ilegales que favorecieron a Alexis Medina Sánchez. Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), se le imputa cometer lavado de activos con los fondos del FONPER a través de testaferros y utilizar fondos para la precampaña a la senaduría de San Juan de Lucía Medina Sánchez y darle un trato privilegiado a la fundación de esta última. Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Se le imputa gestionar pagos directos por valor de mil millones de pesos en el Ministerio de Hacienda, en favor de una empresa de Alexis Medina Sánchez. Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, fiscalizador de OISOE. Se le imputa de coalición de funcionarios junto a Francisco Pagán y lavado de activo. Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez. Se le responsabiliza declarar de urgencia, falsamente, la compra de materiales y medicamentos para un operativo de Semana Santa, así como la reparación de hospitales para beneficiar directamente empresas de Alexis Medina. En el expediente aparece imputado además de asociación de malhechores y prevaricación Domingo Antonio Santiago Muñoz. A este empresario se le sindica en el expediente como testaferro de Alexis Medina. Se presentan como evidencia varias empresas que sirvieron para ocultar y lavar dinero. También se documenta la solicitud que hizo de un préstamo al Banco de Reservas de 8 millones de pesos con la finalidad de adquirir un pent-house que luego transfirió a Alexis Medina Sánchez. José Dolores Santana Carmona. El ministerio público lo imputa como testaferro de Alexis Medina en los contratos multimillonarios de remodelación de los hospitales. Julián Esteban Suriel Suazo, testaferro de Alexis Medina. Manejó una suma superior a los 4 mil millones de pesos, enriqueciéndose ilícitamente.

Parte de este dinero fue aportado ilícitamente a la campaña de Gonzalo Castillo. En violación de la ley, al momento de su apresamiento portaba un arma de guerra. Wacal Vernavel Méndez Pineda. Este era el tesorero de las empresas de Alexis Medina. En el expediente se le imputa de lavado de activos, y enriquecimiento ilícito. Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República. En el expediente se le imputa aprovechar su cargo para el libramiento y la rápida aprobación ilegal de los pagos a las compañías del entramado societario de Alexis Medina Sánchez. Admitió que de 2012 a 2016, mientras era contralor general de la Republica autorizó dispensas, para darles celeridad a los pagos, en 10 procesos en los que se violaba la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

MEDIDAS DE COERCIÓN. El juez de la Instrucción, José Alejandro Vargas, el 8 de diciembre de 2020 declaró el caso complejo y dispuso: prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos a Freddy Hidalgo, Carmen Medina Sánchez y Rafael Germosén y, para el resto, prisión preventiva. Varios de los imputados han solicitado la revisión de las medidas de coerción impuesta, pero se les rechazó.

100 MILLONES PARA ARTISTAS. LOS HECHOS. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que dirige Francisco Antonio “Tony” Peña Guaba, para las festividades navideñas de 2020, hizo entrega de 103 millones 217 mil pesos a 41 artistas dominicanos de los 71 que pretendía contratar directamente. Se trató de una operación violatoria de la Ley de Compras y Contrataciones y su reglamento: I) porque las instituciones públicas no pueden hacer contrataciones directas por montos superiores a los RD$147,6999.99; II) porque no se publicó oportunamente en el portal transaccional el procedimiento de contratación. Tony Pena Guaba declaró que rescindiría los contratos suscritos con diversos artistas para proceder “a regalarles el dinero como apoyo solidario.”

RESULTADO: El destino final de los más de 100 millones de pesos se mantiene en un limbo. Hasta el momento el Ministerio Público no ha mostrado interés de iniciar la investigación de esta oscura e ilegal operación. 

El destino final de más de RD$100 millones se mantiene en un limbo. Hasta el momento el Ministerio Público no ha mostrado interés en investigar de esta oscura operación.