Secuelas remanentes

Han transcurrido muchos años desde la virtual extinción del conjunto de empresas estatales agrupadas en Corde, desde las leyes de incentivo industrial y reforma agraria, y desde la obligatoriedad de vender todos los dólares al Banco Central. La privatización de compañías, la supresión de los controles de precios, la liberalización de las operaciones con divisas y la remoción de restricciones comerciales proteccionistas pueden ser lamentadas por quienes favorecen la intervención gubernamental en la economía, pero no hay duda de que han hecho variar la fisonomía de la estructura productiva del país.

Es posible preguntar, sin embargo, si ese pasado de injerencia y participación estatales no ha dejado secuelas hasta el día de hoy. Se observan algunas señales evidentes, entre las que se destaca el rol gubernamental en el sector de la electricidad, pero las más sutiles pueden ser las más significativas. A ese respecto llama la atención la burocracia administrativa que afecta diversos aspectos de las operaciones económicas, tanto personales como empresariales, surgida de una mentalidad de establecer y requerir permisos, informes, autorizaciones, notificaciones, certificaciones, inspecciones y declaraciones. Redundantes, innecesariamente repetitivos y en muchos casos inútiles, esos procesos sujetos a plazos de cumplimiento y respuesta ralentizan las actividades económicas y les imponen costos que estimulan la informalidad. El papel de las dependencias oficiales y el desempeño de las funciones de su personal tienden a definirse en torno a esos procesos, sin que se cuestione su utilidad o propósito.

Y así ocurre también en otros países con antecedentes de intervención estatal. En Rusia, por ejemplo, un estudio puso de relieve que la mayor parte de las inspecciones hechas a empresas privadas eran superfluas, lo que motivó una orden presidencial de que se limitaran a situaciones de posibles amenazas a la vida, la salud y el medio ambiente. 