Diario Libre (Republica Dominicana)
Revisión también a la pesca de la angula
Se hará un estudio de impacto a partir de la próxima temporada
Con el decreto presidencial 326-21, del 18 de mayo de 2021, el Poder Ejecutivo dispuso diferentes vedas para 13 especies marinas, la más polémica es la del pez loro o cotorra que desde 2017 estaba en veda total, extendida por el gobierno actual a finales de 2020, para ser reducida a cuatro meses al año con este decreto. El Gobierno modificó también la veda de la pesca de la Anguilla rostrata, del 1 de abril al 31 de octubre, restando un mes a la temporada anual, que era del 1 de octubre al 31 de marzo.
El decreto causó malestar en la comunidad ambiental, al considerar que permitiendo la pesca del pez loro, se atenta contra la especie y los servicios ambientales de esta, como la salud de los arrecifes de coral y la producción de arena blanca. Por este motivo se había establecido la veda total, aunque en la práctica nunca se dejó de pescar a diferentes escalas, desde la artesanal a la industrial.
Fuentes cercanas a Diario Libre confirman que dicho decreto creó un conflicto entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), que luego de las críticas de un amplio sector de la población, defendían el decreto declarando que no era una amenaza a las poblaciones de los peces loro y que sobre todo, se levantarían datos estadísticos necesarios para conocer el comportamiento de las poblaciones.
Esto confirmaba, ante los críticos, que no existe un estudio de impacto de la pesca del pez loro y otras especies como la anguila en el país.
250,000 pesos el kilo
Según las fuentes, luego de varias reuniones del Poder Ejecutivo con sectores ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 418-21 el pasado 2 de julio, estableciendo una veda de dos años para el pez loro y otras especies, desde el 2 de julio de 2021 hasta el 2 de julio de 2023. También ordena al Ministerio de Medio Ambiente realizar un análisis del estado de las poblaciones de peces herbívoros.
En el caso de la anguila, el decreto establece: “Se reitera la prohibición permanente de la pesca de Anguillidae (Anguila rostrata) en todas las etapas de su desarrollo (incluyendo las angulas) y de cualquier otra especie de fauna, dentro de las unidades, conforme a lo establecido en el artículo 35 de laley núm.64-00”.
Este párrafo ha generado incertidumbre en diferentes comunidades que han visto en la pesca de la angula, una importante fuente de ingresos, ya que un kilo de esta especie ha llegado a alcanzar la exorbitante cantidad de 250,000 pesos en efectivo en playa.
El fenómeno de la anguila, que ha visto un auge desde 2017, mueve millones de pesos en todo el litoral norte y bahía de Samaná, donde miles de personas se benefician de la demanda del mercado asiático de la especie para consumo humano.
Según datos de Codopesca, son cerca de 900 los pescadores que se dedican a la pesca de pez loro, mientras que en la pesca de la angula se estima que hay cerca de 15,000 personas, de diferentes sectores de la población, donde participan cerca de 1,300 mujeres de diferentes edades y condiciones sociales.
Los altos precios en el mercado, generan un gran dinamismo económico, principalmente en Nagua y otros municipios aledaños, así como en otras provincias.
Amin Peña, es un comercializador de angula en el país y considera que prohibir la pesca de de esta especie en área protegida reduciría la cantidad de ríos posiblemente a la mitad, pero sobre todo no permitiría la pesca en zonas de alta producción como Laguna Nisibón, la Gran Laguna de Boba, Montecristi y otras, dejando comunidades fuera del dinamismo económico que representa la pesca de angula.
Carlos Then, director de Codopesca, explicó a Diario Libre que se ha reunido con el Ministerio de Medio Ambiente para iniciar una mesa de trabajo en conjunto, para definir cuáles ríos entran en la categoría de área protegida.
Considera también que dentro de los ríos que entren en la categoría, se puede establecer mecanismos de comanejo para no afectar al Medio Ambiente, aunque tomando en cuenta el impacto social.
El viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, explicó a Diario Libre que se ha “tergiversado” el decreto presidencial con respecto a la anguila. Esto no representa una prohibición a la pesca en áreas protegidas, lo que significa es que en conjunto con Codopesca se estudiará el impacto de la actividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, apegados a la ley 64-00, y decidirán sobre el manejo que se le dará al recurso, fuera de las áreas protegidas corresponde a Codopesca.
Diálogo y cuotas
Además, se preparan este año para realizar un estudio de la especie y terminar de formalizar a todas las asociaciones de pescadores de anguila, proceso que se inició la pasada temporada al asumir la nueva administración.
Amin Peña reconoce que existe un impacto de la actividad en áreas protegidas, principalmente con la contaminación en las bocas de los ríos, donde se pueden reunir cientos de personas en una jornada nocturna, armando casetas improvisadas, venta de comida y bebidas, fogatas, entre otros.
Entiende que debe haber un diálogo entre comunidades, comercializadores y autoridades para llegar a un acuerdo y no generar un estallido social al reducir en un 50% la capacidad de pesca.
Según Carlos Then, la cuota de exportación no será modificada para la próxima temporada, tomando en cuenta que la pasada temporada solo se exportaron 1,900 kilos de los 2,500 autorizados.