Maldita decepción

Odebrecht, los Tucano y Los Tres Brazos fueron algunos de los casos que en su momento provocaron incautas expectativas. Después de años enredados en las breñas judiciales, estos expedientes empiezan a desmoronarse, como cuando se empuña un manojo de hojas secas. Vuelve la sociedad a recogerse en el escepticismo.

La dilución de estos procesos, y de otros en curso, revela un patrón instructivo casi uniforme en materia de corrupción, marcado por un bajo nivel investigativo, precariedad probatoria, exclusiones anticipadas y escaso rigor en la calificación o aplicación de las tipificaciones.

Lo desconcertante es tener que admitir cierta intencionalidad en tales fallas, bastando, en algunos casos, con leer las pobres ofertas probatorias. Cuando no fueron investigaciones festinadas, se trató de expedientes deliberadamente armados para caerse; petardos arrojados para hacerle ruido a la callada impunidad.

Si a lo anterior se le suma una actitud judicial prejuiciosa, el desenlace nunca podrá prometer nada distinto a lo que ha resultado. Las decepciones, que siguen como sombras a estos reveses, dejan sin aliento a cualquier optimismo.

El daño que a la credibilidad institucional le causan estos fiascos es, en algunos casos, irreparable. Lo desgastante es tener que ver, con cansada impotencia, cómo se pone a la Justicia en cuclillas, al servicio de sus propias negaciones. “Hacer justicia” para la impunidad es una felonía siniestra, y hemos estado jugando con ella hace tiempo.

Con estos montajes se les da razón a quienes, convertidos en cruzados de las garantías procesales, ven con recelo toda persecución judicial en contra de la corrupción; esos que interpretan cualquier corrección ética a la gestión pública como una judicialización de la política (lawfare) azuzada por mentalidades antipolíticas ahogadas en su propia efervescencia moral y armadas de envidia o resentimiento.

Es posible que esos eruditos expliquen tales fracasos como consecuencia de las presiones sociales que empujan al Ministerio Público a presentar acusaciones ligeras solo para cansar al morbo público o aquietar los gritos delirantes del patíbulo popular. Ese no es el caso. Nunca lo ha sido. Tal idea solo ha vivido en la imaginación de quienes entienden que en este país no hay corrupción, que los procesos judiciales en contra de la corrupción son retaliaciones políticas o distracciones circenses del populismo judicial. Pero tenemos una historia infalible de omisiones que lo desmiente, con representantes del Ministerio Público rendidos a sus gobernantes y sujetos a las directrices de sus partidos políticos, esos que pocas o ninguna de las veces pudieron presentar una acusación motu

proprio al margen de denuncias o escándalos inevitables.

Así, pueden contarse con los dedos de una mano las condenas definitivas por acusaciones de corrupción que el sistema judicial dominicano haya producido. En esa materia la impunidad es y sigue siendo la regla. Los casos episódicamente sometidos lo han sido porque no ha habido manera de taparlos o porque resultaron de reportajes de investigación periodística.

Estos expedientes debieran abochornarnos, pero al menos son burdas evidencias de hasta dónde hemos caído en el obsceno despropósito de manipular la Justicia, aunque algunos sigan pensando que aquí nada ha pasado o que avanzamos viento en popa.

Cuando se habla de reformar al Ministerio Público no es por esnobismo ni por presumir de modernismo. No. Es que ejercer una función al amparo de un estatuto orgánico, jerárquico y legal de subordinación al Poder Ejecutivo no hará variar el cuadro, por más buenas intenciones que animen a los presidentes. La separación tiene que ser real, sustantiva y orgánica.

Abordar una reforma integral al Ministerio Público no solo supone reconocer su independencia, para lo cual se precisa de una reforma constitucional, sino la de ciertos órganos claves de su estructura, como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), oficina encargada de investigar los crímenes y delitos de corrupción administrativa a nivel nacional.

Así, pueden contarse con los dedos de una mano las condenas definitivas por acusaciones de corrupción que el sistema judicial dominicano haya producido. En esa materia la impunidad es y sigue siendo la regla.

La corrupción es un modelo delictivo complejo, poderoso y políticamente blindado. Las conductas asociadas a sus operaciones no deben instruirse con los estándares de prevención, investigación y persecución de cualquier delito. Esta delincuencia generalmente no deja huellas y su patrón operativo es muy sofisticado, por lo que la investigación correspondiente debe responder a esa talla. Se precisa de una agencia técnica y especializada que con robustez institucional y autonomía presupuestaria pueda tener a cargo la investigación de la corrupción administrativa.

La reforma al Ministerio Público no debe conformarse con la designación de personas como las que actualmente ocupan sus posiciones directivas más importantes. Es un paso firme, pero no es el recorrido completo.

El Ministerio Público no es Mirian German, Yeni Berenice ni Wilson Camacho. Es más que nombres, buenas intenciones o capacidad de trabajo. Es un cuerpo orgánico, disciplinado y técnico sujeto a un fuerte régimen de independencia que solo funciona cuando tiene esa libertad y sus partes acatan una mística aprehendida como principio de vida.

Creer que el prestigio aportado por estos nombres es suficiente es una candidez. Falta mucho más de lo logrado. Nunca debemos estar conformes; la corrupción nos ha convertido en una sociedad enferma. El sistema debe depender de sus propias capacidades, porque las personas vienen y van; las instituciones, en cambio, permanecen.

De la dirección de este Ministerio Público se espera al menos los lineamientos matrices de una reforma que trascienda el momento. Esa reforma puede caminar por fases, tomando en cuenta las limitaciones que imponen los textos constitucionales. En el plano de la gestión administrativa y la autonomía funcional de sus unidades claves se pueden realizar cambios de ingeniería sin modificar el estatuto constitucional del Ministerio Público; otros, de mayor calado, deben ser propuestos a la sociedad para que los haga suyos y empiece a reclamarlos en una reforma constitucional tasada y políticamente armonizada fuera del periodo electoral.

Mirian German de Brito, cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia y en ocasión de las medidas de coerción solicitadas por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez para el caso Odebrecht, fue la primera magistrada en advertir las debilidades de fondo de la investigación. Mejor oportunidad no podrá tener la magistrada Germán, hoy procuradora, para dirigir esta reforma. Es tiempo de pedirla. Contará con todo el apoyo. 