Diario Libre (Republica Dominicana)
El Ministerio Público enfrentará más delitos con menos presupuesto
Le fueron asignados unos 464 millones de pesos menos para operar en el año próximo año
SANTO DOMINGO. La promulgación de la Ley 361-22 obligará al Ministerio Público a perseguir de oficio el robo sin violencia y sin armas, lo que representa una tarea adicional para el órgano persecutor del crimen en la República Dominicana, el cual deberá actuar sin la necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima. Sin embargo, lo tendrá que realizar con menor cantidad de recursos disponibles para el año 2023.
En el proyecto de presupuesto elaborado para el ejercicio fiscal del año 2023, el Poder Judicial tiene asignados 8,623 millones de pesos, unos 464 millones menos que en el 2022, periodo para el que le fue presupuestado 9,087 millones de pesos. Una reducción de 463 millones 976 mil 527 pesos. La recién promulgada ley modifica el artículo 31 de la Ley 76-02, del 19 de julio de 2002, que crea el Código Procesal Penal de la República Dominicana y convierte al citado delito en hecho punible de acción pública a instancia privada a ser simplemente de acción pública. Sobre la legislación se ha dicho busca favorecer la prevención y la persecución de la delincuencia y la impunidad.
Buscaba más recursos
Paradójicamente, antes de la promulgación de la ley la Procuraduría General de la República pretendía más fondos. Se recuerda que Miriam Germán Brito, en diciembre del 2021, se presentó al Congreso Nacional para solicitar del Ministerio de Hacienda un incremento superior a 2,105 millones de pesos.
Sin embargo, el presupuesto para el próximo año será unos 1,881 millones 34 mil 750 pesos menos que los 10,504 millones 381 mil 569 pesos a los que aspiraba Germán Brito para el año pasado. Que tampoco obtendrá para el próximo.
Para el 2022, Germán Brito explicó que su solicitud se sustentaba en cuatro ejes, que consistían en fortalecer la gestión institucional, desarrollar una efectiva persecución penal con altos estándares técnicos y de calidad, habilitar la infraestructura física, de tecnología de información y de operaciones y servicios, y optimizar el cumplimiento de las normativas legales del Ministerio Público, del Sistema Penitenciario y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Además destacó los aspectos administrativos, resaltó el pago del convenio de suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, y el seguimiento a los programas establecidos por la Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Público.
Legalmente al Poder Judicial le corresponde un presupuesto anual equivalente a por los menos el 4.10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reclamo que cada año toma vigencia durante las discusiones sobre presupuesto.