El silencio de las grandes contrataciones públicas

Me alienta reconocer que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha mostrado un celo singular en el control de los procesos de selección para obras y servicios del Estado y que esa unidad ha suspendido varios contratos resultantes de licitaciones irregulares, una responsabilidad virtualmente anulada en pasados gobiernos. No admitirlo sería necio.

Sin embargo, me cuesta aceptar que la mayor parte de los procesos de selección o los contratos suspendidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas alcanzan montos relativamente modestos si los comparamos con los presupuestos de las grandes obras de infraestructuras adjudicadas a empresas contratistas. En este renglón domina el silencio de todos los tiempos, como si hubiera un acuerdo implícito de resguardo. Tal aprensión se afirma cuando los adjudicatarios de hoy son los mismos proveedores y contratistas de ayer, algunos de los cuales mantienen relaciones cercanas, robustas y afines con funcionarios de este Gobierno.

Es en el arenoso terreno de las grandes contrataciones donde el sistema ha probado sus más oscuras prácticas, pero tales licitaciones no se suspenden ni se impugnan porque se conciertan en altos despachos, se suelen atribuir como compensaciones a inversiones de campaña y porque los gobiernos no se permiten cuestionamientos a procesos de selección para obras que, por su magnitud, tienen un sensible valor político.

Es aquí donde se tipifican las prácticas más sutiles para viciar los procesos de selección, como son: a) adecuar los términos de referencia a las cualificaciones de un determinado licitador (especificaciones pactadas); b) filtrar datos confidenciales a uno de los licitantes para que presente la mejor propuesta técnica o financiera; c) manipular las ofertas por parte del personal de contratación; d) dividir las compras para evitar los umbrales de una licitación competitiva; e) realizar ofertas colusorias (mediante acuerdos convenidos entre varios licitadores vinculados) para suprimir o rotar ofertas o repartir mercados; f) crear y proponer licitadores ficticios con ofertas infladas para que la real gane por mejor precio o presupuesto.

Lamento que el celo de la Dirección General de Contrataciones Públicas parezca evaporarse en esas esferas, en tanto el ruido ensordece cuando se trata de presuntas irregularidades en contrataciones menudas o de proveedores sin fibras de mercado. Sirven como expiaciones para entretener el barato ruedo de las redes sociales y darle guion al discurso de la transparencia. Así, mientras un torbellino envuelve el morbo por la vinculación de la hija de una comunicadora a la nómina pública, pocos conocen las licitaciones y condiciones de ejecución de los contratos que soportan las grandes obras públicas. Ahí no llega la voracidad informativa del periodismo de investigación. Terreno prohibido.

No excuso a nadie por su tamaño, pero tampoco discrimino tratamientos con base en ese criterio. Lo que no parece congruente es que mientras los grandes contratistas ganan miles de millones de pesos, sus tratos con el Estado nunca han sido públicamente escrutados, en tanto los adjudicatarios de pequeñas licitaciones pasan como las mascotas del circo. No hay dos sistemas de contrataciones: uno ético de los grandes y otro viciado de los pequeños. Es uno con las mismas debilidades, pero con controles diferenciados.

Somos un país pequeño con una economía concentrada. El mercado de las construcciones públicas es oligopolista, conformado por un plantel limitado de grandes oferentes y una escala de muchas empresas medianas sin acceso a las oportunidades que explotan aquellos. Cuando el mercado presenta ese perfil, es casi imperativo el formato de las licitaciones por lotes, esquema participativo que permite adjudicar a dos o más licitantes bienes o servicios de un mismo tipo.

Las tendencias legislativas en materia de contrataciones públicas establecen como obligación la partición en lotes de las contrataciones; así, en Europa, la Directiva 2014/24/UE propone a los poderes adjudicadores de los estados dividir en lotes los grandes contratos. Algunas legislaciones nacionales prohijadas por esta directiva establecen la lotificación como regla general y la obligación de justificar por qué no procede la división. Lo que se busca es fomentar la participación de las pymes, convirtiendo así los lotes en contratos más pequeños. Es injusto aceptar que en nuestro país los grandes contratistas asuman por completo la construcción de las grandes obras a menos que se constituyan en consorcio con empresas extranjeras, y aun así se benefician como grandes consorciados. De esta manera, además de ser pocos, les llegan las obras completas.

El proyecto de ley que modifica la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, reconoce tanto el fraccionamiento como la división en lotes para, entre otros motivos, propiciar la participación de las micro-, pequeñas y medianas empresas, de emprendimientos innovadores y de base tecnológica, de pequeños productores agrofamiliares y la participación local. Las ventajas de este esquema es que mitiga los riesgos del incumplimiento en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio a un único oferente y evita que la adjudicación del contrato a un solo proveedor afecte la libre competencia, sobre todo en un mercado como el nuestro, de perfiles oligopolistas. Es el momento de democratizar la participación en las oportunidades del Estado.

Las grandes contrataciones públicas han sido igualmente una de las fuentes más relevantes en la financiación electoral de los últimos cuarenta años. Además de las comisiones de reverso reclamadas por los funcionarios como forma de compensar los arreglos de las licitaciones, se trata de convenios tácitos a favor de partidos y candidatos presidenciales como forma de garantizar cuotas privilegiadas de los grandes contratistas en el mercado de las licitaciones públicas. Por eso no es casual que estos sean socios de todos los gobiernos… dije ¡todos!

Me cuesta aceptar que la mayor parte de los procesos de selección o los contratos suspendidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas alcanzan montos relativamente modestos si los comparamos con los presupuestos de las grandes obras de infraestructuras adjudicadas a empresas contratistas.

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