Diario Libre (Republica Dominicana)
A juicio de fondo mayoría de implicados en caso Los Tres Brazos
Corte rechazó auto de no ha lugar que buscaba extinción de la acción penal
SANTO DOMINGO. Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogieron ayer un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el “auto de no ha lugar” dictado por el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró -en junio de 2022- en favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros 16 acusados en la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este.
Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron de inmediato la apertura de juicio de fondo contra Leoncio Almánzar, Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de la (Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, Juana Inés
Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Asimismo, enfrentará el juicio Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet
S.R.L., Infepa y Teknowlogic Dominicana S.R.L
Los jueces concedieron el auto de no ha lugar al agrimensor Hadonis Cruz Mella, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
También, obtuvieron no ha lugar José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec, y la agrimensora Ana Antonia Ozuna Nolasco. La fecha de inicio de juicio de fondo está pendiente a fijarse por parte de la Corte.
Fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que los involucrados en la trama de venta de terrenos en los Tres Brazos enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
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