Diario Libre (Republica Dominicana)
Juez decidirá hoy si envía o no a prisión preventiva imputados Operación Nido
El juez Rigoberto Sena subirá a estrado a las 7:00 p.m. sobre la acusación a siete personas ayer, 200 se habían querellado por la estafa inmobiliaria
SD. El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó para este jueves a las 7:00 de la noche el fallo sobre la solicitud de medida de coerción incoada por el Ministerio Público contra la presunta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido.
En las manos de Sena está el destino de los siete imputados y dos empresas acusados de estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos contra 300 afectados, de los cuales más de 200 han presentado querellas, informó el Ministerio Público.
En la larga jornada judicial de ayer ya fueron escuchados el Ministerio Público, las víctimas y los presuntos estafadores. También los abogados defensores de estos últimos.
“Se completó el proceso y el juez se ha retirado a ponderar los elementos de pruebas presentados”, expresó el abogado Robinson Reyes, defensor de Reilin Arismendy Rosario, presunto vinculado a la red de estafadores.
Consideró que lo más importante ha sido lo expuesto por su defendido, Rosario, quien reconoció su culpabilidad y vincula de manera directa como único responsable de las estafas a Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el articulador en la Operación Nido.
Rosario dijo al juez que de la Ruth Towers, de 14 apartamentos, habían sido vendidos 31, a igual cantidad de víctimas.
Los imputados en la estafa, junto a Rivera Ledesma, son Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
MP pidió prisión domiciliaria para tres
El Ministerio Público varió su solicitud de medida de coerción para tres de los imputados, a fin de que se les imponga arresto domiciliario y no prisión preventiva en una cárcel, estos son: la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, por estar lactando; a su hija María Gabriela, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, y a Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con el Ministerio
Público.
El órgano persecutor pide 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los cuatro restantes encartados.
“Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también asesoraría para encubrir sus maniobras fraudulentas”, dice la acusación oficial.
Indica que los encartados movilizaron cantidades millonarias de dinero a través de cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte